La Fiscalía pidió enviarlos a prisión, pero la juez decidirá el miércoles si concede la medida de aseguramiento intramural.
Ninguno cedió. La audiencia se prolongó por varias horas y los cinco señalados por la Fiscalía de participar en un entramado de corrupción en la Alcaldía de Dosquebradas rechazaron uno a uno los cargos que les imputaron este viernes.
El caso, que involucra a exfuncionarios y a un contratista, se reanudará el próximo miércoles a las 7:00 de la mañana. La juez de control de garantías definirá si los envía a un centro carcelario, como pidió la Fiscalía, o si impone una medida menos restrictiva.
La fiscal del caso fue enfática en que ninguna medida distinta a la detención intramural garantiza los fines del proceso. Señaló que, en libertad, los imputados podrían comunicarse con testigos, contactar personas dentro y fuera de la Alcaldía y entorpecer la investigación.
Según su exposición, medidas como la presentación periódica ante el juez, la prohibición de salir del país o de comunicarse con determinados testigos resultarían “insuficientes” frente a la gravedad de los delitos imputados.
La pena para cada uno de los imputados podría variar entre 8 y 22 años de prisión. Además, recordó que las normas anticorrupción (Ley 1474 de 2011 y Ley 1944 de 2018) excluyen la posibilidad de conceder prisión domiciliaria a condenados o procesados por este delito.
“Las conductas imputadas se ejecutaron de manera dolosa por servidores públicos. La detención debe cumplirse en establecimiento carcelario”, afirmó la fiscal, en alusión directa a los cinco procesados.
Qué dijo la Fiscalía
Durante la audiencia, la Fiscalía reveló que el Convenio de Asociación 2526 de 2022, firmado entre la Alcaldía de Dosquebradas y la Fundación Marchando por Colombia, se usó como una fachada para favorecer de manera ilegal al concejal de Belén de Umbría, Carlon Londoño Sánchez, quien estaba inhabilitado para contratar con el Estado.
Según la investigación, la estructura se fraguó desde la etapa inicial del proceso, con la participación activa de funcionarios y particulares de confianza del concejal.
Presuntamente, la directora operativa de la Secretaría de Cultura, Natalia Trilleras Hidalgo, avaló estudios y documentos previos sin realizar el obligatorio estudio de mercado, lo que permitió que el valor del convenio fuera fijado arbitrariamente, según, por Daniel Fernando Gutiérrez Mesa, empleado cercano a Londoño.
Más pruebas
Desde esos documentos preliminares, presuntamente se consignó que el contrato se adjudicaría a la Fundación Marchando por Colombia, incluso antes de surtirse los trámites legales. Trilleras también habría aprobado, según Fiscalía, análisis y evaluaciones posteriores que beneficiaban a la fundación, pese a que sabía que no ejecutaría el convenio.
Durante la lectura del escrito de acusación, también se mencionó que el representante legal de la fundación, Jorge Augusto Arias Orozco, presentó una cotización y propuesta sin haber sido invitado al proceso y antes de que existieran estudios previos.
En ese sentido, también se dijo que la entonces secretaria de Cultura, Yolima María Bueno Mendoza, junto con María Angélica Raigosa y Natalia Trilleras, firmaron las actas de inicio, parciales y final del convenio, certificando de manera falsa que la fundación había cumplido con las actividades pactadas.
Estos documentos, habrían justificado el desembolso del 100 % de los recursos públicos. La Fiscalía señaló que la ejecución real de las actividades estuvo en manos del concejal Londoño, mientras que los comprobantes de pago y facturas se emitieron por empresas de Gutiérrez Mesa para dar apariencia de legalidad.
Además, no existe soporte del 31 % de recursos propios que la fundación debía aportar según el contrato. El ente acusador afirmó que los tres funcionarios y el contratista se apropiaron, en favor de Londoño, de $242.049.913 provenientes del erario, que fueron transferidos al concejal y a personas de su confianza.
Los delitos
Según la exposición de la Fiscalía en la audiencia, a todos los imputados; es decir, a Carlon Londoño Sánchez, Natalia Trilleras Hidalgo, Jorge Augusto Arias Orozco, Yolima María Bueno Mendoza y María Angélica Raigosa, se les imputaron los mismos tres delitos como autores con dolo consumado: peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
