El contrato promete tecnología, expansión y sostenibilidad sin cobrar más a los ciudadanos.
La promesa es clara. Pereira modernizará todo su sistema de alumbrado público sin que los ciudadanos paguen un peso más en su factura. Lo dijo el propio alcalde Mauricio Salazar al anunciar el inicio oficial del ambicioso proyecto que busca transformar más de 35 mil luminarias en la ciudad con tecnología LED, telegestión remota y monitoreo en tiempo real.
Pero, ¿es posible mantener un sistema tan avanzado y costoso sin aumentar el impuesto de alumbrado? ¿Cómo se blindó el contrato para que no haya sobrecostos ni ajustes en el futuro?
Estas preguntas comienzan a tomar fuerza entre concejales, veedores ciudadanos y expertos en contratación pública, que advierten que si bien el modelo técnico parece sólido, la sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo dependerá del cumplimiento estricto de las obligaciones pactadas por la concesión, y de las condiciones macroeconómicas que escapan al control local.
Proyecto ambicioso, con impacto masivo
La modernización incluye 27.625 luminarias reemplazadas, 3.822 repotenciadas y 4.363 nuevas en zonas de expansión, además de renovación de infraestructura como postes, redes y transformadores. Todo estará conectado a un sistema inteligente operado por la empresa Ilumina Pereira, que tiene experiencia en más de 50 ciudades dentro y fuera del país.
Según la Alcaldía, este sistema reducirá el consumo energético hasta en un 40 % y mejorará la seguridad en sectores críticos. La concesión no sólo opera y mantiene, sino que también será responsable de las inversiones en expansión, lo que implica un reto operativo y presupuestal considerable.
La clave está en la tarifa… y en el contrato
Aunque el alcalde insiste en que “los pereiranos seguirán pagando la misma tarifa que han venido pagando”, el documento contractual deberá especificar con claridad cómo se garantiza esa congelación.
En el modelo de concesión, es habitual que las empresas recuperen su inversión a través del recaudo de la tasa de alumbrado público, que en Pereira es un cobro fijo mensual dentro del recibo de energía.
Sin embargo, los contratos suelen incluir cláusulas de revisión tarifaria en caso de desequilibrio económico o incremento de costos operativos, como materiales, mano de obra, mantenimiento o inflación.
¿Y si no alcanza?
Desde la interventoría, a cargo de la firma Interluz, aseguran que la vigilancia será estricta y que uno de los objetivos principales es garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.
“Seremos los ojos del municipio”, afirmó Daniela Rúa, gerente de la interventoría, quien añadió que parte de su trabajo es evitar que cualquier desbalance operativo termine afectando al ciudadano.
La administración sostiene que el ahorro energético por sí solo permitirá compensar la inversión y operar con sostenibilidad. Pero el reto será mantener ese equilibrio sin que haya necesidad de renegociaciones futuras.
Por ahora, la promesa se sostiene. La tarifa no subirá. Pero su cumplimiento dependerá de que todos los actores: concesionario, interventor y Alcaldía, cumplan al pie de la letra con el modelo financiero, técnico y legal trazado desde el papel.
