El organismo prepara un estudio técnico que será entregado a la Alcaldía de Pereira para asumir directamente la atención integral de personas detenidas, que aún no han sido condenadas y que permanecen en estaciones de Policía y la UPPV.
El personero, Leonardo Fabio Reales, reveló que la entrada en vigencia de la Ley 2346 de 2024 modifica el esquema de responsabilidades frente a la atención de la población carcelaria en el país.
La norma dice que, la competencia sobre las personas privadas de la libertad en el orden territorial ahora recae en los entes locales; es decir, los municipios. Esto incluye a quienes aún no han recibido condena y se encuentran en detención preventiva.
“La ley excluye de esta obligación al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que ahora se enfocará en la atención exclusiva de la población condenada, la cual supera los 300.000 internos en Colombia”, agregó Reales.
Según el personero, el costo promedio de mantener a una persona condenada dentro del sistema penitenciario es de 130 millones de pesos por año, lo que evidencia el alto impacto fiscal y logístico que supone el manejo carcelario en el país.
Sin embargo, en el caso específico de los detenidos sin condena, el nuevo marco normativo traslada esa responsabilidad a los alcaldes, quienes en su calidad de primeras autoridades de Policía deberán garantizar su atención adecuada.
En el contexto de Pereira, Reales advirtió que el número de personas privadas de la libertad sin condena oscila entre 200 y 250 personas. Esta población, aunque menor en cantidad, requiere atención especializada y constante.
“No sólo hablamos de alimentación de calidad, sino de una atención integral en salud, que incluya médicos generales, psicólogos y trabajadores sociales”, recalcó.
Actualmente, esta tarea es asumida por la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia de la Secretaría de Gobierno municipal, lo cual, a juicio de la Personería, no responde a los estándares técnicos ni administrativos que exige la nueva ley.
“Lo que proponemos es separar esta función y entregársela a una unidad especializada que pueda garantizar condiciones dignas, efectivas y ajustadas al mandato constitucional de protección de los derechos humanos”, afirmó.
El estudio, que ha sido elaborado con el acompañamiento de la Procuraduría y del Ministerio de Justicia, también analiza la viabilidad jurídica y presupuestal de crear esta Unidad Administrativa Carcelaria, sin interferir con las funciones del Inpec.
“Hablamos de una entidad carcelaria, no penitenciaria, porque este último ámbito sigue siendo competencia nacional. La idea es enfocarnos en los privados de la libertad en fase previa al juicio o condena”, explicó.
Desde la Personería se espera que la propuesta reciba respaldo político y administrativo por parte de la Alcaldía, que deberá estudiar no sólo la creación de la unidad, sino también la asignación de recursos, personal y estructura física para su funcionamiento.
La iniciativa podría convertirse en un modelo de atención para otros municipios del país, que enfrentan retos similares frente al hacinamiento, la atención en salud y el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos que, aún sin condena, permanecen detenidos por orden judicial.
“La Corte Constitucional ha sido clara: el Estado debe garantizar condiciones dignas, incluso para quienes no han sido sentenciados. El hacinamiento y la desatención ya no pueden ser la respuesta estructural”, completó el Personero.
