Asegura que el asentamiento ilegal funciona bajo el control del crimen organizado y que las autoridades han sido “omisas ante los abusos”. La grave denuncia fue revelada por Jaime Gutiérrez, defensor de derechos humanos.
El actual vicepresidente nacional del Consejo de Paz habló sobre las condiciones de vida, las violaciones a los derechos fundamentales y la impunidad que impera en el sector de invasión conocido como La Pesebrera, ubicado en la comuna 2 del municipio de Dosquebradas, Risaralda.
“Allí se están cometiendo crímenes atroces y ninguna autoridad actúa. Todo el mundo lo sabe, pero nadie lo quiere ver”, aseguró Gutiérrez.
El líder comunal, quien además integra cuatro organismos ciudadanos de alcance nacional, expuso con contundencia que este asentamiento, levantado sobre un predio perteneciente a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), estaría bajo el control de redes delincuenciales que imponen su ley a través del miedo, el castigo físico y la amenaza constante.
En su testimonio, señaló que se han documentado prácticas violentas inhumanas contra menores de edad y jóvenes que son instrumentalizados por las estructuras criminales.
“Allí se presentan vejámenes sexuales, cepos para castigar a niños y adolescentes que no logran las cuotas del microtráfico o que se quedan con parte del dinero del día. Los amarran y los golpean. Y eso se sabe, eso se comenta a voces en la comuna, pero nadie hace nada”, aseguró.
Además, el defensor alertó que líderes y lideresas comunales que intentan denunciar estos hechos son intimidados y amenazados por supuestos integrantes de la estructura criminal conocida como Cordillera, grupo señalado de ejercer control sobre varios sectores del municipio.
Sus señalamientos hacia el grupo delincuencial, al señalar que esta estructura, habría financiado campañas políticas y que no solo domina el crimen, sino también tiene incidencia en decisiones del Estado.
Cuando alguien denuncia la invasión o los abusos en La Pesebrera, lo primero que recibe es una amenaza: ‘lo manda a llamar alguien de Cordillera’”, aseguró Gutiérrez.
Las denuncias también apuntan a un fenómeno de invasión sistemática de espacio público, avalada en algunos casos por funcionarios que, según el defensor, estarían facilitando el crecimiento de estos asentamientos sin intervención institucional ni control legal.
El vicepresidente del Consejo de Paz pidió que se active una comisión interinstitucional de derechos humanos que visite el lugar, escuche a las comunidades, y abra investigaciones penales, disciplinarias y fiscales contra quienes, desde las instituciones, hayan favorecido la consolidación de esta estructura criminal.
