Tras las protestas por la muerte de un niño indígena de un año, por presunta negligencia médica, la administración departamental denunció que en el último día se conoció un reporte con 10 casos de ablación genital.
La Gobernación de Risaralda entregó un comunicado este viernes, finalizando la tarde, para rechazar cualquier acto que vulnere o viole los derechos de los niños, niñas y adolescentes y atente contra su integridad física, mental y emocional.
Dice el documento enviado a medios, que los casos en las comunidades indígenas del municipio de Pueblo Rico son nueve y uno del Chocó.
La directora de Salud Pública del departamento, Sandra Gómez, dijo en un audio que desde este jueves están recibiendo reportes del Sivigila y que por orden del gobernador Víctor Manuel Tamayo se pidió articular esfuerzos por estos casos, que se están convirtiendo en un problema social.
“Desde la administración departamental se hace un llamado a la Defensoría del Pueblo, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Procuraduría y a la Asamblea Departamental, a desarrollar estrategias y políticas que permitan cuidar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, dice el boletín.
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