El ministro de Defensa, Iván Velásquez, admitió que en el sur occidente del país, comunidades han venido siendo “desplazadas, confinadas y extorsionadas” por cuenta de la acción criminal de grupos que delinquen en esa zona.
“Cese al fuego tiene que redundar en beneficio de la población, por eso, no puede admitirse que simultáneo a las expresiones de voluntad, las comunidades sigan sometidas a las acciones de grupos armados ilegales”, dijo.
Luego de un consejo de seguridad con autoridades de los departamentos de Cauca y Nariño se establecieron algunas medidas para enfrentar la criminalidad de grupos armados.
En ese sentido, se propuso establecer programas sociales y la presencia integral del Estado en Cauca y Nariño, además de un ultimátum de 45 días para empezar a ver mejoría en los indicadores de seguridad de estos dos Departamentos.
El alto funcionario advirtió que el Gobierno Nacional ha recabado en los mandos de Fuerzas Militares y de Policía Nacional, la necesidad de ejercer un control efectivo sobre el territorio a fin de que cesen dichas actividades ilícitas por parte de los grupos armados ilegales.
“Se ha reiterado a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, lo que aparece además contenido en los decretos de cese al fuego, que la responsabilidad constitucional de las Fuerzas Armadas de brindar seguridad, protección, tranquilidad a la población, no está suspendida”, recordó.
Velásquez agregó que al Gobierno Nacional le “resulta inadmisible que al tiempo que se manifiestan expresiones de voluntad de paz, las comunidades sigan viéndose sometidas al sufrimiento y presiones por cuenta de las acciones criminales de los grupos al margen de la ley”.
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