El organismo de control halló un presunto detrimento patrimonial por un monto de $1.854.603.749. El alcalde de Cali estaría vinculado a la investigación como responsable fiscal en un convenio para la instalación y mantenimiento de cámaras de vigilancia de la policía.
Por esa razón, la Contraloría General de la República ordenó el embargo de cinco cuentas y siete bienes inmuebles que se encuentran a nombre del mandatario Jorge Iván Ospina. A este caso, también vincularon al Secretario de Seguridad y Justicia de la ciudad, al Supervisor del contrato, al Gerente General de Impretic’s y a integrantes de la Unión Temporal.
A través de un comunicado, enviado a medios de comunicación, la Contraloría General de la República anunció el inicio de un proceso de responsabilidad fiscal por presunto incumplimiento de contrato.
Dando alcance a la audiencia pública del 30 de septiembre pasado, que el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, convocó en Cali para recibir denuncias sobre la empresa de servicios públicos EMCALI, el jefe del organismo de control anunció los primeros resultados y medidas sobre los hallazgos encontrados.
La Contraloría General abrió proceso de responsabilidad fiscal por presunto incumplimiento de contrato e intermediación innecesaria entre la Imprenta Departamental del Valle del Cauca – IMPRETIC´S – y la Unión Temporal Windetec.
La Unidad de Investigaciones Especiales de Lucha contra la Corrupción encontró irregularidades en el convenio interadministrativo suscrito para el mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de vigilancia, en la ejecución del contrato y la entrega de las cámaras.
“Desde que llegué a ocupar el cargo de Contralor he tenido como meta lograr una recuperación mayor de los dineros que se pierden por causa de la corrupción y los malos manejos. Hoy quiero decirle a Cali, mi Ciudad, que mi compromiso con devolverle a la ciudadanía la fe en las Instituciones, sigue intacto”, dijo el Contralor.
Agregó que en el caso de EMCALI, las investigaciones permitieron anunciar la apertura de procesos de Responsabilidad Fiscal con medidas cautelares en importantes asuntos, que van mucho más allá de hallazgos fiscales y tocan el patrimonio personal de los implicados. “Así como en el caso de EMCALI, lo estamos haciendo en todo el país” agregó.
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