En una entrevista exclusiva para Noticias360 Digital, Sidssy Uribe, hermana del líder estudiantil Lucas Villa, asesinado en mayo de 2021 en el viaducto César Gaviria Trujillo de Pereira, compartió detalles sobre el proceso de investigación tras más de dos años. Entre los hechos más recientes, la semana pasada, la Fiscalía imputó al teniente coronel en retiro Hesnard Eduardo Ramírez Rojas por presuntos mensajes amenazantes contra los manifestantes.

En medio de preguntas, Uribe mencionó que existen dos puntos de vista. Reconoció la voluntad del Gobierno de esclarecer los hechos relacionados con las “numerosas víctimas del conflicto social”. Destacó que es poco común la imputación de un teniente coronel por la difusión de mensajes violentos hacia la ciudadanía, “incitando a otros a cometer acciones similares contra los manifestantes”.
Sin embargo, aclaró que esto no implica que el exoficial esté siendo señalado como autor material o intelectual del homicidio de su hermano. “Es importante no confundir su implicación en el proceso de investigación del homicidio con su responsabilidad en los mensajes amenazantes”.
Uribe enfatizó que el teniente coronel es una figura relevante debido a su cargo y función en el mantenimiento del orden, tanto para la ciudadanía como para las fuerzas militares y policiales. Por lo tanto, esperan que su implicación pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos relacionados con el caso de Lucas.

A pesar de los recursos invertidos, como testimonios y pruebas, el caso sigue en proceso de investigación, sin ningún imputado específico por el homicidio. Aunque la Fiscalía asegura que se encuentra en ese proceso, la familia asegura que ha existido una falta de voluntad para seguir esclareciendo los hechos.
Uno de los aspectos que genera incertidumbre es la identificación de los verdaderos responsables, tanto materiales como intelectuales, del crimen. Uribe indicó que la información proporcionada por la Fiscalía a la familia ha sido insuficiente, sin avances significativos en la investigación que puedan ser difundidos al público.

No obstante, considera que después de más de dos años, es un logro importante que la Fiscalía muestre voluntad y capacidad para esclarecer y desarrollar investigaciones de homicidios y crímenes, en contraste con la lentitud que han experimentado casos como el de su hermano y jóvenes involucrados en el paro.
Cuando se le preguntó si la imputación de Ramírez Rojas brinda tranquilidad y si considera que se está haciendo justicia, Uribe respondió que “en parte sí”. Destacó que nunca había presenciado un caso similar en el que se imputara a un teniente coronel por mensajes de WhatsApp que incitaran a la ciudadanía a armarse contra los manifestantes y sugirieran que los marchantes merecen ser asesinados.

Ante la interrogante sobre por qué ha habido una demora considerable y la falta de resultados concretos en el caso, Uribe mencionó que la Fiscalía General de la Nación no se ha destacado históricamente por velar por la justicia, sino por proteger a funcionarios involucrados en delitos y que tienen influencias o recursos económicos para evadir la acción legal.
Explicó que la demora se debe a que el asesinato de su hermano fue una decisión tomada por personas con un gran poder, no sólo a nivel local, en Risaralda, sino a nivel nacional. Hizo referencia a los jóvenes del paro que también fueron asesinados, desaparecidos y masacrados, afirmando que estas acciones fueron parte de una política estatal liderada por quienes siempre han gobernado el país en beneficio propio, en lugar de los intereses del pueblo.

Uribe expresó su esperanza de que un cambio de Fiscal General permita que alguien con las capacidades y estudios necesarios ocupe el cargo para que se obtengan resultados concretos y se esclarezca el crimen de su hermano basándose en la justicia y las leyes, en lugar de beneficiar a ciertas personas.
Afirmó que se buscarán todos los medios necesarios, incluyendo instancias internacionales, para garantizar que la justicia prevalezca y que no se repita la impunidad que ha caracterizado casos similares en el pasado.
Finalmente, al ser preguntada si cree que el caso de Lucas Villa quedará impune, Uribe no pudo proporcionar una respuesta definitiva. Mencionó casos anteriores que aún siguen sin esclarecerse, como los asesinatos de Jaime Garzón, Luis Carlos Galán y Jorge Eliécer Gaitán, destacando que existen grupos de personas poderosas que continúan maquinando formas de mantener el control sobre la población a través del terror.
Sin embargo, expresó su esperanza de que, a través de los medios disponibles y la búsqueda de justicia, se pueda conseguir resultados positivos y se revelen los responsables que planearon y ordenaron su asesinato, así como la narrativa de terror que lo acompañó.
