La mayoría de estos abuelos trabajaban en diferentes actividades en el centro de la ciudad desde antes de la emergencia.
La emergencia del 10 de agosto obligó a la Secretaría de Desarrollo Social de Pereira a reorganizar sus servicios para atender a una población que perdió sus condiciones de seguridad y sustento. Entre las medidas adoptadas, el municipio habilitó atención para 40 adultos mayores que quedaron desprotegidos, mientras proyecta $30.000 millones para los programas sociales de 2027.
La secretaria encargada de Desarrollo Social, Teresita Peláez, explicó que varios de estos adultos mayores enfrentaron dificultades para continuar con sus actividades cotidianas después del terremoto. Según indicó, muchos se dedicaban al comercio y necesitaron apoyo institucional para acceder a condiciones de protección y cuidado.
La funcionaria señaló que el municipio cuenta con 540 cupos para la atención de adultos mayores, además de servicios en hogares de larga estancia, donde reciben alojamiento, alimentación, acompañamiento y atención en salud durante las 24 horas.
«Hubo muchos adultos mayores que en el terremoto quedaron totalmente desprotegidos. Nosotros albergamos más o menos 40 adultos mayores», manifestó Peláez al explicar las acciones que adelantó la dependencia después de la emergencia.
Atención social
La Secretaría también trabaja con dos albergues para habitantes de calle, uno urbano y otro rural. De acuerdo con la funcionaria, cada establecimiento tiene una capacidad aproximada de 100 personas y desarrolla procesos de resocialización para quienes buscan reconstruir sus proyectos de vida.
En estos espacios, la administración ofrece acompañamiento social y actividades orientadas a facilitar la recuperación de la autonomía de los usuarios. La dependencia también respalda a las comisarías de familia en las acciones de protección de los derechos de niños y adolescentes.
“Seguimos trabajando con el tema de habitantes de calle, que es muy importante. Seguimos trabajando con el tema de nuestros niños, niñas y adolescentes, protegiendo sus derechos a través de las comisarías de familia”, afirmó la secretaria encargada.
Para la próxima vigencia, Desarrollo Social proyecta un presupuesto de $30.000 millones, con el propósito de mantener los programas dirigidos a adultos mayores, habitantes de calle y población infantil y adolescente.
Peláez también destacó la utilización de vigencias futuras para garantizar la continuidad de los Centros Vida, espacios que ofrecen atención y acompañamiento a los adultos mayores. La funcionaria indicó que este mecanismo busca mantener los servicios y evitar interrupciones en la atención.
