La Contraloría se abstuvo de dar su visto bueno a la gestión fiscal, tras encontrar problemas en el manejo de la cartera.
El contralor Carlos Olivares presentó el informe de gestión correspondiente a las vigencias 2025 y 2026 ante el Concejo Municipal. Allí expuso que la entidad ejerció vigilancia fiscal sobre recursos cercanos a $694.000 millones y encontró situaciones que requieren atención, especialmente en el recaudo de obligaciones tributarias.
La mayor preocupación está en la cartera pendiente de cobro, que incluye obligaciones por concepto de impuesto predial e industria y comercio. Según el informe, estas dificultades dieron lugar a la indagación preliminar IP 005-2026, dentro de la cual la Contraloría examina las circunstancias que originaron los hallazgos.
Olivares advirtió que el municipio debe fortalecer los mecanismos de recaudo y evitar que las obligaciones pendientes pierdan vigencia sin que las autoridades adelanten las acciones correspondientes.
Cuenta cuestionada
El contralor explicó la gravedad que representa para las finanzas locales mantener una cartera de esa magnitud sin una gestión efectiva de recuperación.
“Un municipio no puede tener una cartera de esa magnitud comprometida; ese es el 20 % de su presupuesto afectado. La cartera que prescribe se vuelve un problema fiscal y disciplinario que hay que cobrarle al funcionario responsable que la dejó caducar”, afirmó Carlos Olivares.
El funcionario también señaló que las dificultades en el manejo de los recursos y las observaciones sobre los bienes inmuebles de uso público impidieron que la Contraloría diera su aprobación a la cuenta municipal.
“Con este panorama y las salvedades en el control de bienes inmuebles, la Contraloría no puede aprobar ni fenecer la cuenta del Municipio de Dosquebradas”, agregó.
La decisión representa un llamado de atención sobre la gestión financiera de la Alcaldía, aunque no constituye por sí misma una declaración de responsabilidad contra el alcalde ni contra funcionarios específicos.
Más hallazgos
El informe consolidó $174.473 millones en hallazgos fiscales durante 2026 en toda la jurisdicción de la Contraloría, frente a $2.609 millones registrados en 2025. Esta cifra incluye los sujetos de control del organismo y no corresponde exclusivamente a la administración municipal.
En el balance también aparecen 39 hallazgos administrativos, 30 disciplinarios, ocho fiscales o patrimoniales y uno con posible incidencia penal. En 2025, la entidad había reportado 27 administrativos, 19 disciplinarios, cuatro fiscales o patrimoniales y cuatro penales.
La Contraloría informó, además, que mantiene 32 expedientes activos de responsabilidad fiscal. Entre los asuntos bajo revisión figuran contratos de obra, adiciones a convenios, intervenciones de infraestructura y gastos relacionados con actividades logísticas.
Por ahora, el principal desafío para la administración municipal consiste en aclarar el origen de los hallazgos, fortalecer el cobro de los impuestos pendientes y evitar que las obligaciones prescriban. La investigación deberá establecer las circunstancias de cada caso y las eventuales responsabilidades, con respeto por el debido proceso.
