Aseguran que la Alcaldía dio diez días hábiles para realizar la obra, pero sin precisar cuánto costaría finalmente la intervención.
El apartamento donde Carolina Arredondo nació y construyó su hogar durante años, permanece vacío desde el terremoto del 10 de agosto. Ahora vive con su esposo y su hijo de tres años en una habitación de la casa de su suegra, mientras espera que las autoridades definan qué pasará con el edificio Colombia.
La mayor preocupación de los propietarios es que deban asumir una demolición sin conocer los costos ni las posibles responsabilidades por daños a las construcciones vecinas. La estructura está evacuada desde el día del sismo, cuando las autoridades advirtieron sobre el riesgo de colapso.
La incertidumbre aumentó en octubre, cuando una vecina consiguió una copia de una resolución de la Alcaldía, fechada el día 21 de ese mes. Según Carolina, el documento plantea que los propietarios deben asumir los costos de la demolición, aunque asegura que a ellos no les han notificado oficialmente esa decisión.
Arredondo explicó que en el documento dice que la administración les dio diez días hábiles para realizar la intervención y advirtió que, si no cumplen ese plazo, la Alcaldía podría ejecutar los trabajos y luego cobrarles los gastos.
Una cuenta sin calcular
La propietaria considera que el plazo resulta insuficiente para organizar una implosión, contratar especialistas, coordinar evacuaciones y garantizar la seguridad de quienes viven o trabajan alrededor del inmueble. También advierte que los copropietarios no tienen facultades para cerrar varias cuadras ni controlar el tránsito durante una operación de esa magnitud.
“Estamos firmando un cheque en blanco porque no nos dan valores, no nos dicen nada“, dijo Carolina al referirse a la posibilidad de asumir una demolición cuyo costo todavía no conocen.
El temor también apunta a los daños que podrían sufrir las edificaciones vecinas. El inmueble está ubicado en el centro de Pereira, cerca de la Catedral y a una cuadra del parque Bolívar. En sus alrededores funcionan establecimientos comerciales, instituciones y otras construcciones que podrían quedar expuestas durante los trabajos.
Asimismo, explicó que la póliza del edificio contempla la recolección de escombros y que la aseguradora ha mantenido el acompañamiento para atender la reclamación. Sin embargo, advierte que el costo de la demolición y una eventual reparación de daños a terceros podrían consumir el dinero de la indemnización.
“Si la demolición cuesta un valor, podríamos asumirlo sin ningún problema y nos quedaría probablemente para comprar un apartamento similar. Pero si la recolección cuesta mucho más y aparte de eso hacemos daños a los inmuebles colindantes, probablemente no nos quede nada”, agregó.
Riesgo en el centro
Carolina también manifestó preocupación por las condiciones de seguridad alrededor del edificio. Según su relato, el andén y la cuadra no cuentan con un cerramiento completo, mientras los comercios vecinos reabrieron sus puertas y algunos vendedores ambulantes ocupan el espacio público junto a la estructura.
La propietaria teme que un nuevo movimiento sísmico o un aguacero fuerte provoquen el colapso del inmueble y pongan en peligro a quienes transitan por el sector. Recordó que el edificio tiene dos torres unidas por un área común, una característica que, a su juicio, aumenta la complejidad de cualquier intervención.
Por eso, los propietarios de este edificio solicitan acompañamiento de la Alcaldía, la Gobernación y el Fondo Milagro. Necesitan personal especializado que diseñe y coordine la demolición, además de las medidas para evacuar las cuadras cercanas, proteger las redes de servicios públicos y evitar afectaciones a otras propiedades.
“Nosotros éramos unas personas comunes que vivíamos ahí, que el día 10 de agosto la vida nos cambió completamente y que ahora nos están diciendo: resuelvan este problema. Y es un problema que no tenemos cómo resolver”, afirmó.
Tres meses fuera de casa
Mientras espera una decisión, Carolina comparte una habitación con su esposo y su hijo pequeño en la vivienda de su suegra. Su apartamento tenía una historia familiar de aproximadamente 45 años: su abuelo lo compró y allí transcurrieron su infancia y buena parte de su vida adulta.
La familia también tiene un café que sufrió daños durante el terremoto, aunque ya consiguió reabrirlo. La vivienda, en cambio, continúa fuera de su alcance, y los altos precios de los arrendamientos en sectores de Pereira dificultan encontrar otra alternativa.
La propietaria insiste en que no se opone a la demolición, pero reclama que las autoridades asuman el acompañamiento técnico y operativo que requiere una intervención de esa naturaleza.
Los copropietarios quieren conocer cuánto costará el procedimiento, quién responderá por los posibles daños y qué garantías tendrán antes de asumir una obligación económica de esa magnitud.
