Defensoría advierte que tres meses después del terremoto persisten graves problemas de atención, vivienda y financiación.
Un informe de seguimiento del organismo de derechos humanos revela que hay más de 70.000 inconsistencias en los registros de habitabilidad de viviendas, una de las principales incertidumbres para los damnificados en Risaralda. Tres meses después del terremoto del 10 de agosto, las familias todavía enfrentan obstáculos para acceder a las ayudas, mientras la reconstrucción avanza entre dificultades institucionales y un enorme déficit de recursos.
El documento de la Defensoría del Pueblo expone una realidad que dista de la recuperación esperada. Según el Registro Único de Damnificados (RUD), con corte al 3 de noviembre, 363.791 familias y 776.119 personas resultaron afectadas. La emergencia también dejó 104.049 viviendas inhabitables, 19.149 completamente destruidas y otras 119.748 con daños parciales.
En Risaralda, uno de los principales problemas está en la evaluación de los inmuebles. Las inconsistencias reportadas ponen en evidencia las dificultades para establecer cuáles hogares necesitan atención y qué soluciones corresponden a cada familia.
Según la Defensoría, el problema va más allá de los errores en una base de datos. La falta de una ruta clara para corregir registros, incorporar nuevos damnificados o reportar daños posteriores al censo podría impedir que los hogares afectados accedan a los beneficios. La advertencia apunta a la necesidad de actualizar la información para evitar que personas que necesitan asistencia queden por fuera de los programas.
A la incertidumbre de quienes perdieron sus casas se suma un subsidio que difícilmente cubre el tiempo de espera. El Gobierno estableció un auxilio de arrendamiento de $1.050.000 mensuales durante tres meses, pero la reconstrucción podría tardar entre 12 y 18 meses. La escasez de viviendas disponibles complica todavía más la búsqueda de un lugar donde vivir.
La situación tampoco termina al salir de una vivienda afectada. En Buenaventura, Quindío y Risaralda funcionan 15 alojamientos temporales con 457 personas, donde las visitas identificaron deficiencias de infraestructura y seguridad. También faltan protocolos claros para determinar cuándo cerrar esos espacios y cómo garantizar una reubicación digna para sus ocupantes.
Hospitales y escuelas afectados
La tragedia también golpeó servicios que las comunidades necesitan para recuperar su vida cotidiana. El balance nacional registra daños en 406 centros de salud y 4.438 instituciones educativas, además de afectaciones en centros comunitarios, carreteras, puentes y acueductos.
En los hospitales, los problemas se traducen en demoras para conseguir citas con especialistas, recibir medicamentos y obtener autorizaciones. El Hospital La Misericordia de Calarcá perdió el 50 % de su capacidad de atención por daños estructurales. En Risaralda, el Hospital Universitario San Jorge también enfrenta dificultades por la suspensión de servicios a afiliados de la Nueva EPS.
Los estudiantes tampoco han recuperado completamente sus espacios de formación. En el Valle del Cauca, 69.106 de los 121.175 alumnos afectados continuaban en modalidades no presenciales a mediados de octubre. En Calarcá, más de 1.000 estudiantes del colegio San Bernardo recibían clases en 81 carpas, con deficiencias en servicios básicos y dificultades en el Programa de Alimentación Escolar.
Faltan $50 billones
La reconstrucción enfrenta otro obstáculo de enormes proporciones: el dinero. El organismo defensorial calcula que recuperar las zonas afectadas costaría $58,29 billones, pero hasta ahora identifica recursos por apenas $8,21 billones. La diferencia deja un faltante de $50,08 billones.
La preocupación no se limita al tamaño del déficit. El informe cuestiona que varios recursos anunciados todavía no tengan claridad sobre su disponibilidad efectiva. Entre las fuentes identificadas, la única que cuenta con montos y plazos definidos es una adición de $624.656 millones al Presupuesto General de la Nación, financiada mediante un crédito del Banco Mundial.
A la falta de financiación se suman problemas de coordinación entre el Fondo Milagro, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y las demás instancias encargadas de ejecutar la recuperación. Sin responsables definidos, cronogramas verificables y recursos disponibles, los compromisos corren el riesgo de quedarse en anuncios.
Una recuperación pendiente
Las consecuencias del terremoto también golpean con mayor fuerza a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad. El documento identifica riesgos para mujeres, niños, niñas y adolescentes por las barreras para activar rutas de atención frente a las violencias basadas en género. Las comunidades étnicas, además, encuentran dificultades para obtener reconocimiento y respuestas ajustadas a sus necesidades.
La economía de miles de hogares también necesita una respuesta. Campesinos, trabajadores informales y pequeños emprendedores siguen esperando medidas que les permitan recuperar sus ingresos y actividades productivas. La pérdida de viviendas y fuentes de trabajo prolonga las dificultades de familias que no encuentran cómo volver a empezar.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo exige una ruta extraordinaria para corregir y actualizar el Registro Único de Damnificados, ampliar los apoyos de arrendamiento y evitar el cierre de albergues sin alternativas de vivienda digna y segura.
También pide priorizar la recuperación de hospitales, colegios y centros de desarrollo infantil, garantizar la continuidad de los servicios médicos y mejorar la atención alimentaria de los estudiantes. A esto suma la necesidad de establecer responsables y fechas concretas para ejecutar los recursos de la reconstrucción.
Tres meses después del terremoto, las cifras muestran que la emergencia está lejos de terminar. Miles de familias siguen buscando dónde vivir, los servicios esenciales no recuperan plenamente su capacidad y la financiación de la reconstrucción mantiene un enorme interrogante: faltan $50 billones para responder a las necesidades de las comunidades afectadas.
