Con los elementos recopilados durante la investigación, un fiscal de la Seccional Meta imputó a Ofelia Ortiz por trata de personas.
La alerta de la madre de una de las adolescentes dio paso para que un equipo de inteligencia pudiera localizar un establecimiento comercial en Villavicencio, donde cuatro mujeres permanecían bajo vigilancia y sometidas a trabajos de explotación sexual, después de viajar desde Medellín con la expectativa de conseguir empleo como meseras.
Según la investigación de la Fiscalía, al llegar a la capital del Meta las llevaron hasta el negocio que sería propiedad de María Ofelia Ortiz Gil. La mujer presuntamente les comunicó que debían realizar actividades sexuales y permanecer en el lugar hasta que se retirara el último cliente.
La investigación señala que las afectadas, al parecer, permanecieron encerradas y bajo vigilancia mediante cámaras de seguridad, mientras Ortiz Gil supuestamente controlaba sus movimientos y determinaba las condiciones bajo las cuales debían desarrollar sus actividades.
Además, la mujer habría establecido los valores correspondientes a las bebidas alcohólicas y a los actos sexuales, mientras proporcionaba alojamiento a las jóvenes. Entre las afectadas supuestamente hay varias adolescentes, según la información entregada por el ente acusador.
La alerta que permitió ubicarlas
La situación llegó a conocimiento de las autoridades después de que la madre de una de las menores alertó sobre lo que estaba ocurriendo. Las labores posteriores permitieron establecer el lugar donde se encontraban y desplegar una intervención.
Los funcionarios llegaron al establecimiento y rescataron a las cuatro víctimas, para poner fin a las condiciones que, de acuerdo con la hipótesis investigativa, se habrían extendido entre el 27 de abril y el 8 de mayo de 2024.
Con los elementos recopilados durante la investigación, un fiscal de la Seccional Meta imputó a Ortiz Gil por trata de personas agravada. La procesada no aceptó el cargo formulado por la Fiscalía.
Una juez de control de garantías ordenó para la investigada medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia, mientras continúa el proceso judicial y se determina su responsabilidad penal.
La Fiscalía sostiene que las víctimas llegaron a Villavicencio por una oportunidad laboral que habría terminado en un escenario completamente distinto al que esperaban encontrar.
