Las autoridades documentaron cada paso de cómo presuntamente funcionaba la red de venta de cocaína en La Virginia.
Durante meses, la investigación policial siguió los movimientos de los presuntos integrantes de una estructura delincuencial en los barrios La Magdalena y San Antonio, donde lograron identificar vendedores, vigilantes y puntos utilizados para mantener activa la distribución de cocaína.
El monitoreo permitió reconstruir una dinámica que, según la Fiscalía, va más allá de una operación coordinada para detectar compradores, concretar entregas y alertar sobre la presencia de las autoridades.
El expediente comenzó a tomar forma con labores realizadas entre abril y septiembre de 2026. Tan solo en uno de los sectores, los investigadores reunieron 430 registros fílmicos, material utilizado para sustentar la hipótesis sobre una actividad permanente de comercialización de drogas.
Dentro de las grabaciones identificaron 68 transacciones de cocaína y otros dos hallazgos relacionados con sustancias ocultas. Las escenas permitieron establecer patrones, reconocer participantes y reconstruir la manera en que presuntamente se desarrollaban las entregas.
El engranaje
La Fiscalía sostiene que la organización conocida como Fantasma contaba con funciones diferenciadas. Algunos aparecían directamente relacionados con las entregas; otros permanecían atentos al entorno para advertir cualquier movimiento que pudiera comprometer la actividad.
Entre los nombres que aparecen en el expediente se conocieron los de Darwin Yohan Trujillo Franco, alias Manotas, señalado como uno de los jefes de la organización. También figura Michael Andrés Gómez Loiza, alias Chiqui, junto con Carlos Augusto Vanegas Bedoya, alias Tito, y Edwin Daniel López Gutiérrez, alias Nené.
La lista continúa con Brayan Stiven Espinosa Rojas, alias Brayan; Juan Manuel Hernández Díaz, alias Juan Chiqui; Bresman Stiven Gómez Rendón, alias Mou; y Óscar Daniel Serna Rotavista, alias Piolo.
En un documento, al que tuvo acceso 360 Noticias, aparecen otras personas asociadas a las escenas registradas durante la vigilancia.
Por ejemplo: Jesús David Valencia López, alias Orejón; Juan Manuel Ramos Alzate, alias Daddy Yankee; Daniel Stiven Betancur Castaño, alias El Barbado o Barbao; Jaime Andrés Molina Mosquera, alias James; Andrés Fernando García Ossa, alias Cinco Mil; Carlos Alberto Orozco Ortega, alias Tana; y Álvaro Orozco Gallego, alias Flaco, completan el grupo de 15 personas relacionadas con la Operación Fantasma.
El Barbado
Uno de los capítulos más llamativos del expediente corresponde a Daniel Stiven Betancur Castaño, alias El Barbado. Durante la audiencia, el fiscal expuso un conteo particularmente detallado sobre su presunta participación dentro de la dinámica observada.
Según esa exposición, apareció en 119 registros documentados durante las labores de vigilancia. En 35 de esas ocasiones, según la Fiscalía, habría intervenido directamente como vendedor y participado en 67 transacciones.
El resto de las apariciones presenta una función diferente. En 84 episodios, el hombre habría actuado como supuesto “campanero”, atento al entorno para avisar a otros integrantes sobre posibles riesgos mientras continuaba la actividad.
Ese papel habría tenido una consecuencia concreta dentro del análisis de los investigadores: las actuaciones atribuidas a esos 84 episodios permitieron relacionar 184 ventas con la dinámica vigilada.
Sumadas las distintas modalidades descritas durante la audiencia, la Fiscalía atribuyó a El Barbado una participación presunta en 253 ventas de droga, aunque aclaró además que 15 de ellas fueron consideradas “materializadas” dentro de la exposición judicial.
Detrás del negocio
La Fiscalía calcula que la actividad atribuida a Fantasma habría generado alrededor de 200 millones de pesos. Ese monto aparece dentro de la hipótesis presentada por el ente investigador sobre la dimensión económica del negocio ilícito.
El expediente también habla de al menos 200 hechos ilegales que, según la Fiscalía, pudieron ocurrir entre La Magdalena y San Antonio.
Ante los jueces, la representación del ente acusador formuló cargos relacionados con tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, de acuerdo con la participación que atribuyó individualmente a los procesados.
Ninguno aceptó los cargos. Sin embargo, todos recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras avanzan las actuaciones judiciales.
