Dosquebradas reporta entre 11.000 y 12.000 familias afectadas, pero menos de 8.000 aparecen en el Registro Único de Damnificados.
La diferencia entre las familias que los municipios reportan como damnificadas y las que aparecen oficialmente registradas amenaza con dejar a miles de afectados por fuera de la ruta de ayudas para la reconstrucción de Risaralda. El gobernador Juan Diego Patiño asegura que el problema es evidente en Dosquebradas y reclama al Gobierno Nacional una nueva oportunidad para incorporar a quienes no quedaron incluidos.
El pasado 4 de septiembre se cerró el segundo corte del Registro Único de Damnificados, pero la Gobernación sostiene que todavía hay familias afectadas por el terremoto que no aparecen en la base oficial.
censoLa preocupación no está solamente en el número de personas pendientes de registro, sino en las consecuencias que esto puede tener para su acceso a los programas de recuperación.
Uno de los casos más preocupantes para la administración departamental es el de Dosquebradas. Según la información consolidada en el Puesto de Mando Unificado municipal, entre 11.000 y 12.000 familias habrían resultado damnificadas por el sismo. Sin embargo, el Registro Único de Damnificados tendría menos de 8.000.
El gobernador Juan Diego Patiño advirtió que la situación es crítica, debido a que quedar por fuera del registro puede impedir el acceso a las ayudas que definirán los gobiernos municipales, departamentales y nacional.
“Por más beneficios que queramos dar desde el municipio, departamento o nación a esas familias, si no se encuentran dentro de este Registro Único de Damnificados, no podrán acceder a ellas”, señaló el mandatario.
Brecha en el registro
Por eso, la Gobernación volvió a solicitar al Gobierno Nacional una tercera etapa del registro, con el propósito de permitir la inclusión de personas que no quedaron incorporadas durante las jornadas anteriores.
Patiño aseguró que este llamado ya se planteó en diferentes escenarios, entre ellos reuniones con el gerente designado del Fondo Milagro y el director del DAPRE. La solicitud ahora también se reiteró durante la reunión que sostuvo con la ministra de Cultura, Paola Olguín.
El problema del registro se convierte así en uno de los puntos sensibles de la etapa de reconstrucción de Risaralda. Mientras avanzan los diagnósticos sobre viviendas, infraestructura pública y bienes culturales, las familias que no figuren oficialmente como damnificadas podrían enfrentar dificultades para acceder a programas destinados a superar los daños del terremoto.
La Gobernación insiste en que se requiere una nueva oportunidad para actualizar la información y cerrar la brecha entre los reportes municipales y el registro nacional. La prioridad, según el mandatario, es que ninguna familia afectada quede por fuera de la reconstrucción por una diferencia en los registros.
