El departamento entró en la segunda fase de la emergencia. La reconstrucción podría demorar unos tres años.
Tras dos semanas del sismo de magnitud 7.4, el edificio de la Gobernación de Risaralda permanece a la espera de un estudio estructural que determinará si se puede recuperar o debe ser demolido. El presidente de la Asamblea, Juan Carlos Valencia, aseguró que la decisión debe esperar y que el informe será determinante para definir el futuro del palacio gris.
La sede de la administración departamental quedó severamente afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto. Valencia explicó que hay daños en la mampostería y que, según la información recibida, también existirían afectaciones en la estructura.
El gobernador Juan Diego Patiño ordenó realizar un estudio estructural para establecer las condiciones reales del inmueble. El resultado podría conocerse entre el viernes y el lunes, momento en el que se tomarían decisiones sobre la sede.
La posibilidad de demoler el edificio ya fue planteada por el secretario de Infraestructura del departamento, Jorge Hernando Cote. “Eso está en discusión. Es lo que aparentemente va a ocurrir. Estamos esperando el informe final para tomar decisiones”.
Habrá nuevos desafíos
Por su parte, valencia señaló que, si finalmente se determina que hay que demoler, aparecerán nuevas preguntas relacionadas con el procedimiento y los recursos necesarios. “Si hay que hacerlo, se hará. Ahora la pregunta es cómo se hace, cómo se financia y cuánto vale el nuevo proyecto”, manifestó.
Mientras se conoce el diagnóstico, la Asamblea de Risaralda, cuya sede también resultó afectada, tomó la decisión de trasladar sus sesiones presenciales a Expofuturo. Valencia explicó que existía la posibilidad de realizar las reuniones de manera virtual, pero defendió la presencialidad como una forma de mantener el contacto directo con la ciudadanía durante la emergencia.
La situación de la sede de la Gobernación hace parte de un escenario más amplio que enfrenta el departamento después del terremoto. Valencia aseguró que la emergencia ya pasó a una nueva etapa y lo resumió así: “Hemos pasado la primera fase. Era de atender ya los identificados, salvar la vida, enterrar los muertos. Sigue la segunda fase en que estamos, es demolición”.
¿De dónde saldrá el dinero?
El presidente de la Asamblea también advirtió que las demoliciones representan un nuevo desafío económico para las administraciones. Según explicó, hasta ahora Gobernación y alcaldías han asumido estos trabajos, pero todavía existen numerosos predios pendientes y se ha solicitado apoyo al Gobierno Nacional para poder avanzar.
En ese contexto, Valencia sostuvo que la recuperación de los edificios afectados no será inmediata y que, de acuerdo con las estimaciones, “la reconstrucción de los edificios va a demorar. Me dicen que entre 3 y 4 años”.
El impacto económico se suma a las dificultades físicas que dejó el terremoto. El presidente de la Asamblea señaló que el déficit esperado para el departamento durante este año alcanza los 50.000 millones de pesos, una situación que, según dijo, golpeará las finanzas de Risaralda mientras se requiere mayor capacidad de inversión para atender la emergencia.
Ante este panorama, la Asamblea aprobó una ordenanza que contempla un alivio del 80 % en intereses y sanciones para quienes tienen obligaciones pendientes con el fisco departamental. La medida busca facilitar que los contribuyentes se pongan al día y, al mismo tiempo, generar flujo de caja para una Gobernación que enfrenta nuevas necesidades financieras.
