La iniciativa surge ante la preocupación porque Risaralda tendría que asumir el costo de alimentar a más personas privadas de libertad.
La posibilidad de que Risaralda tenga que asumir la alimentación de cientos de personas privadas de la libertad marcó el rumbo de un nuevo debate en la Asamblea Departamental. La diputada Jacqueline Fernández planteó que los internos deben trabajar y desarrollar proyectos productivos para contribuir a su sostenimiento, una propuesta que busca evitar que ese costo recaiga exclusivamente sobre los recursos públicos.
La discusión surgió durante el control político a la secretaría de Gobierno de Risaralda. Según la diputada, la administración departamental advirtió que el Gobierno Nacional dejaría de aportar recursos para la alimentación de las personas sindicadas, una situación que podría generar un fuerte impacto en las finanzas del departamento, especialmente con la próxima entrada en funcionamiento de la nueva cárcel de El Pílamo, también conocida como La Concordia.
Fernández aseguró que el problema debe enfrentarse antes de que el centro penitenciario entre en operación. “No podemos esperar a que llegue el problema. Cuando se abra la cárcel habrá más capacidad y, por lo tanto, más sindicados. La pregunta es: ¿cómo los vamos a alimentar?”, afirmó durante la sesión.
La propuesta
Como alternativa, la diputada propuso implementar un modelo de autosostenibilidad en el que las personas privadas de la libertad desarrollen actividades productivas que les permitan aportar a su propio sostenimiento y reducir la carga económica para el departamento.
“Estamos proponiendo una estrategia productiva donde los sindicados y también quienes ya están privados de la libertad por sentencia empiecen a generar recursos para tener una calidad de vida adecuada, pero que no sea una carga tributaria para los risaraldenses”, señaló.
La asambleísta aclaró que la iniciativa no busca crear nuevos impuestos, sino evitar que los recursos del departamento, provenientes de tributos como el impuesto vehicular y otras rentas propias, deban destinarse cada vez en mayor proporción al sostenimiento de la población carcelaria.
Los recursos
Fernández sostuvo que el departamento enfrenta limitaciones presupuestales y recordó que recientemente fue necesario acudir a un empréstito para financiar obras de infraestructura, razón por la cual considera indispensable buscar alternativas antes de asumir nuevos compromisos económicos.
Durante su intervención también insistió en que las personas privadas de la libertad deben contar con condiciones dignas, pero defendió la idea de que, mediante programas laborales y productivos, puedan contribuir a su manutención.
“Tenemos que volver esa población productiva. No se trata de desconocer los derechos humanos, sino de buscar un modelo sostenible para un departamento que no tiene recursos ilimitados”, manifestó.
