Son cerca de sesenta excolaboradores que aseguran que van siete meses de espera y piden intervención urgente.
Los extrabajadores aseguran que ya radicaron varios derechos de petición y una nueva solicitud colectiva sin obtener una fecha definitiva para el pago de sus liquidaciones. Según denuncian, la EPS intervenida atribuye los retrasos a embargos judiciales, mientras la incertidumbre económica afecta a decenas de familias en diferentes regiones del país.
Recientemente lograron remitir la petición a la interventoría de ASMET Salud y copiada a entidades como la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio del Trabajo, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República.
La inconformidad quedó plasmada en una solicitud colectiva fechada el pasado 26 de junio de 2026, suscrita inicialmente por 59 excolaboradores de diferentes departamentos del país, quienes sostienen que, pese al tiempo transcurrido desde su desvinculación, aún no reciben el pago de sus liquidaciones laborales.
En el mismo documento señalan que el listado continúa en actualización, mientras que los voceros del grupo aseguran que actualmente ya son cerca de 60 los afectados.
En la comunicación, los extrabajadores afirman que muchos presentaron su renuncia debido a los reiterados incumplimientos en el pago de salarios, prestaciones sociales y demás acreencias laborales. Además, aseguran que algunos completan hasta siete meses de espera sin que exista una fecha oficial para el desembolso de sus liquidaciones.
“Siempre nos responden lo mismo“
Diana Ortiz, una de las voceras del grupo aseguró a 360 Noticias que la incertidumbre se mantiene desde hace varios meses y que las respuestas oficiales no ofrecen una solución concreta.
“Hay compañeros esperando desde enero el pago de la liquidación. Siempre nos responden sobre los embargos que tiene la entidad, pero no hacen ninguna aclaración adicional ni nos dan una fecha. Tenemos varios derechos de petición y prácticamente todas las respuestas son iguales”, manifestó.
También afirmó que la crisis laboral comenzó antes de su retiro de la entidad. Según su relato, durante los últimos meses de vinculación empezaron los retrasos salariales y, en enero, algunos trabajadores únicamente recibieron el 50 % de su salario, mientras que los pagos correspondientes a febrero y marzo fueron cancelados para los que se quedaron.
“Los que renunciamos seguimos esperando. No nos pagan ni el salario pendiente ni la liquidación”, aseguró.
La explicación de ASMET Salud
En las respuestas emitidas a varios derechos de petición, conocidas por este medio, ASMET Salud reconoce que existen obligaciones laborales pendientes, pero sostiene que actualmente atraviesa una compleja situación financiera.
La entidad explica que enfrenta medidas cautelares y embargos judiciales que afectan la disponibilidad inmediata de recursos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), situación que, según indica, ha limitado el cumplimiento oportuno de algunas obligaciones económicas, entre ellas las liquidaciones laborales.
Asimismo, señala que el pago de estas acreencias dependerá de la disponibilidad efectiva de recursos y de la programación administrativa y financiera que adelante la intervención.
Lo que exigen los extrabajadores
En la solicitud colectiva dirigida a la interventoría, los excolaboradores solicitan cuatro medidas concretas: informar cuál será la fuente de los recursos para cancelar las liquidaciones, definir una fecha cierta y definitiva para los pagos, emitir una respuesta formal y por escrito, y explicar las acciones adoptadas para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones laborales.
Además, solicitaron el acompañamiento de organismos de control como la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio del Trabajo, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y varias autoridades territoriales, con el propósito de vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales de la EPS.
Esperan una fecha definitiva
Los extrabajadores insisten en que no buscan confrontaciones judiciales, sino una respuesta clara que les permita conocer cuándo recibirán los recursos que, aseguran, les corresponden por ley.
Mientras tanto, decenas de familias permanecen a la espera de una decisión definitiva de la EPS intervenida, en medio de una situación que, según los denunciantes, se ha prolongado durante meses y continúa afectando su estabilidad económica.
