La investigación señala que habrían cometido omisiones y manipularon evidencia que habrían favorecido operaciones criminales.
La investigación no sólo apunta a presuntos actos de corrupción dentro de la Policía, sino que sostiene que esas actuaciones habrían permitido la planeación de homicidios, la destrucción de pruebas y el fortalecimiento de la estructura del Clan del Golfo en el Eje Cafetero.
Ese es el alcance que le atribuyen los organismos de contrainteligencia al expediente. Las capturas son el resultado de una operación de contrainteligencia liderada por el Bloque de Búsqueda, en coordinación con la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) y la Fiscalía 28 Especializada contra la Administración Pública.
Los detenidos son el intendente jefe Francisco Leandro Gutiérrez y el patrullero Juan Carlos Martínez Sánchez, ambos adscritos a la Sijín de la Policía Risaralda. La investigación judicial les atribuye los delitos de cohecho, prevaricato por omisión, hurto y concusión.
Presuntamente, ambos habrían utilizado su posición dentro de la institución para favorecer a integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo.
Un informe oficial al que tuvo acceso 360 Noticias, dice que las actuaciones de los uniformados habrían ido mucho más allá del simple suministro de información.
Los investigadores sostienen que existieron omisiones deliberadas frente a operaciones criminales y maniobras para impedir el avance de procesos judiciales relacionados con esa organización armada.
La infiltración
Entre los hallazgos, el más delicado, señala que uno de los capturados habría omitido su deber funcional de alertar sobre la planeación y ejecución de cinco homicidios selectivos atribuidos a esa subestructura criminal.
Para los investigadores, esa presunta conducta permitió que las acciones violentas terminaran en asesinatos sin una reacción oportuna de las autoridades.
La investigación también sostiene que el patrullero Juan Carlos Martínez Sánchez habría exigido dinero para omitir procedimientos policiales contra integrantes del Clan del Golfo. “Incluso, fueron a La Virginia a recibir el pago”, dijo una fuente.
Además, en otro episodio, supuestamente, permitió que se eliminara información almacenada en un teléfono celular que las autoridades habían incautado durante una actuación policial y que era considerado un elemento de prueba.
Las labores de inteligencia ya habían detectado posibles colaboraciones de los uniformados con esa organización delincuencial. Incluso, una de las líneas investigativas busca establecer si facilitaron la evasión de alias El Indio en una primera operación.
La operación de contrainteligencia buscaba identificar y desarticular esos presuntos enlaces internos que, según la investigación, habrían contribuido a la expansión de la estructura criminal en ambos departamentos.
