Las autoridades rescataron a las menores. Supuestamente, las obligaban a sostener relaciones con un hombres adultos.
El relato de los hechos es aberrante. Las dos mujeres procesadas serían hermanas de las víctimas. La madre de las menores, al parecer, habría muerto el año pasado. Según la investigación de la Fiscalía, a las niñas las sometían a amenazas, maltrato y aislamiento.
La investigación por presunta explotación sexual de dos niñas de 9 y 13 años en zona rural del municipio de Quinchía conmociona hoy a Risaralda. Dos mujeres y el compañero sentimental de una de ellas habrían sometido a las menores a distintos vejámenes y actos de explotación.
Según la Fiscalía, los hechos investigados ocurrieron entre octubre de 2025 y abril de 2026 en la vereda Isambrá, donde las menores convivían con los hoy procesados.
Sometimiento atroz
El expediente judicial dice que, a una de las menores la obligaban a sostener relaciones con un hombre de 56 años, compañero sentimental de una de las procesadas, y también con terceros, en hechos que son materia de investigación.
Pero hay episodios aún más aberrantes. Presuntamente, a las niñas también las sometían para que presenciaran encuentros íntimos entre las mujeres procesadas y el hombre investigado.
Asimismo, la Fiscalía expuso que las víctimas sufrieron amenazas, humillaciones, encierros y restricciones de alimento, además de presuntos castigos físicos cuando se negaban a obedecer o intentaban contar lo ocurrido.
El caso comenzó a tomar forma judicial tras labores investigativas adelantadas por la Fiscalía y unidades de policía judicial, que terminaron en una diligencia de allanamiento y registro realizada el pasado 19 de mayo en la vivienda ubicada en Quinchía.
Durante el operativo, las autoridades incautaron cuatro teléfonos celulares y cinco memorias USB, elementos que ahora hacen parte del material probatorio analizado dentro de la investigación.
Tras las audiencias preliminares, un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los tres procesados, mientras avanza el proceso penal. Entretanto, la protección y restitución de derechos de las menores quedó a cargo de la Comisaría de Familia y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
