Mintrabajo aseguró que la nueva regulación redefinirá mecanismos de contratación utilizados por empresas.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anticipó una nueva ofensiva contra las formas de tercerización que, según el Ejecutivo, precarizan el empleo formal en distintos sectores. Confirmó que el decreto que regulará esta práctica está en revisión final y podría entrar en vigencia en las próximas semanas. “Está en el horno”, dijo.
Desde la sede de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en Dosquebradas, el jefe de la cartera laboral aseguró que la norma busca poner límites claros a figuras que durante años han servido como mecanismos de intermediación laboral irregular.
Según explicó, el objetivo es impedir que empresas públicas y privadas continúen utilizando esquemas que afectan la estabilidad, las garantías salariales y la protección social de miles de trabajadores.
Para el Gobierno, la expedición de este decreto constituye uno de los movimientos regulatorios más relevantes dentro de la implementación de la reforma laboral.
La apuesta oficial es reducir la precarización, fortalecer la contratación directa y cerrar vacíos normativos que han permitido la tercerización de funciones misionales permanentes.
Contrato sindical
Uno de los aspectos más sensibles del anuncio tiene que ver con la regulación del llamado contrato sindical. Figura que el ministro cuestionó durante su intervención.
Sanguino sostuvo que, en numerosos casos, este mecanismo se utiliza para desnaturalizar el ejercicio sindical y convertirlo en una forma de intermediación laboral encubierta.
Agregó que, la práctica ha tenido especial incidencia en sectores como la salud, donde organizaciones sindicales terminan actuando como operadores de contratación para hospitales, clínicas e IPS.
“Hay una figura perversa que estamos dispuestos a limitar”, afirmó el funcionario al referirse a esta modalidad.
Para el Ministerio, esta figura derivó en relaciones laborales inestables, contratación fragmentada y pérdida de derechos para trabajadores. Aún, cuando cumplen funciones permanentes dentro de instituciones prestadoras de servicios.
El principal foco de intervención
El sector salud será uno de los principales frentes de aplicación del nuevo decreto. De acuerdo con lo expuesto por el ministro, en hospitales y centros asistenciales persisten esquemas de subcontratación que afectan a médicos, enfermeras, especialistas y personal de apoyo.
A su juicio, algunas empresas vinculan a sus trabajadores a través de terceros e imponen condiciones contractuales inferiores a las que tendrían bajo una relación laboral directa.
Sanguino explicó que, la precarización del talento humano en salud es uno de los temas que señalan los sindicatos y asociaciones médicas, especialmente por retrasos en pagos, ausencia de prestaciones y limitaciones en estabilidad contractual. “La regulación buscará corregir estas distorsiones”.
Más de seis meses de ajustes técnicos
Asimismo, señaló que el decreto se analizó. Reveló que el borrador inicial se sometió a revisión durante más de seis meses y recibió alrededor de 400 observaciones provenientes de distintos sectores.
El proceso incluyó análisis jurídicos, revisión técnica y ajustes normativos para garantizar que la nueva reglamentación tenga solidez legal y capacidad de aplicación.
“El texto está prácticamente listo”, señaló el funcionario. Por eso, aseguró que la versión definitiva incorporó recomendaciones orientadas a precisar los alcances de la regulación y evitar “interpretaciones confusas”.
Cambios para empresas y contratistas
Según sus declaraciones, el decreto implicará ajustes para los sectores productivos. Las empresas que desarrollan actividades misionales mediante esquemas de intermediación deben revisar sus modelos de contratación y adecuarse a las nuevas disposiciones.
El Gobierno busca que aquellas funciones esenciales para el objeto social de una empresa se desarrollen mediante contratación directa. La idea es limitar la tercerización a escenarios excepcionales y debidamente justificados.
Advirtió Sanguino que el Ministerio del Trabajo intensificará los procesos de control para verificar el cumplimiento de la norma y detectar eventuales maniobras orientadas a evadir la regulación.
