Condenada a cinco años. Recibía consignaciones de cobros ilegales a internos y, según inteligencia, buscaba reactivar la red.
La captura de Emiliana Mosquera Ruiz, conocida como alias “Chocuana”, destapó los detalles de una empresa criminal que durante años logró instalarse dentro de la cárcel La 40 de Pereira. Una estructura que, según el expediente judicial, cobraba a internos por condiciones mínimas de seguridad.
El pasado 25 de abril se logró materializar la orden para detener a esta mujer. Unidades del Gaula de la Policía, en coordinación con el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, la interceptaron en la manzana 6 del barrio Villapán, en Villasantana.
La mujer cumplirá una condena intramural de 60 meses de prisión, impuesta por el Juzgado Primero del Circuito Especializado de Pereira, por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión.
Con este resultado, se cierra, al menos en esta fase, uno de los capítulos más delicados sobre la criminalidad carcelaria en la capital risaraldense, donde la investigación estableció que las víctimas eran personas privadas de la libertad obligadas a pagar cuotas semanales para evitar represalias.
La red que operaba desde el penal
De acuerdo con el expediente, los hechos se remontan a diciembre de 2020, cuando las autoridades empezaron a documentar denuncias sobre cobros al interior de la cárcel La 40.
La hipótesis judicial sostiene que alias “Gamo” y alias “Picachú”, señalados como cabecillas de la estructura, dirigían desde el establecimiento penitenciario las exigencias económicas a otros reclusos.
Los montos, según la investigación, iban entre 20.000 y 200.000 pesos semanales, dinero que presuntamente exigían bajo amenazas, agresiones físicas y malos tratos para quienes se negaban a pagar.
La función de Emiliana Mosquera Ruiz, según la sentencia y la línea investigativa, era clave dentro del engranaje financiero: recibir por fuera del penal las transferencias, consignaciones y movimientos bancarios producto de las extorsiones.
Ese rol de “cajera externa” se identificó, al parecer, en otros casos de extorsión adelantados por el Gaula en el país, donde las redes criminales utilizan terceros para mover dinero y evitar rastros directos de los cabecillas.
Alerta por nueva ofensiva
Fuentes de inteligencia establecieron que la hoy capturada, en coordinación con otros actores criminales ya identificados, presuntamente buscaba retomar actividades de extorsión en diferentes centros penitenciarios de Pereira.
La investigación también menciona un posible respaldo de la estructura delincuencial Cordillera, así como presuntas extorsiones al transporte informal en el sector de Villasantana.
Con esta captura, hasta el momento, se evitó la reactivación de una red de cobros ilegales que podría haber vuelto a afectar a internos como a sectores económicos vulnerables de Pereira.
