Cinco menores y una mujer resistieron tres días en la selva del Caquetá bajo amenazas. Ofrecen recompensas por responsables
El operativo se ejecutó en condiciones extremas. La intervención conjunta del Ejército Nacional de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana permitió ubicar y rescatar con vida a cinco menores de edad y a una mujer. Todos permanecían ocultos en zona rural de Cartagena del Chairá, tras recibir amenazas de una estructura armada ilegal y vinculada a las disidencias de ‘Calarcá’.
El operativo lo confirmó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien detalló que la misión se desarrolló durante la noche, en medio de condiciones adversas y con ingreso profundo a la selva, donde las víctimas permanecían en estado de vulnerabilidad.
De acuerdo con información oficial, las seis personas, integrantes de una misma familia, permanecieron cerca de tres días ocultas, mientras huían de las amenazas de la estructura ilegal. Durante ese tiempo, enfrentaron condiciones extremas, sin acceso a alimentos suficientes ni garantías de seguridad.
Tras el rescate
Las autoridades detallaron que los menores tuvieron prioridad en la atención médica y humanitaria en terreno, que contó con apoyo logístico y sanitario de las unidades desplegadas. Posteriormente, los trasladaron para continuar su proceso de recuperación y restablecimiento de derechos.
El ministro Sánchez subrayó que la operación tuvo un enfoque humanitario, en medio de los actuales procesos de diálogo con grupos armados. No obstante, advirtió que esto no limita las acciones de la Fuerza Pública para proteger a la población ni para enfrentar estructuras criminales.
Cabecillas identificados
En paralelo, el Gobierno mantiene la ofensiva contra los responsables. Entre ellos figuran alias “Urías Perdomo” o “Cotiz” y alias “La Morocha”, señalados como cabecillas de la estructura armada.
Según información del sector Defensa, por alias “Urías Perdomo” se ofrece una recompensa de hasta 400 millones de pesos, mientras que por alias “La Morocha” la suma asciende a 200 millones de pesos, como parte de la estrategia para facilitar su ubicación y captura.
Ambos, están vinculados a delitos como reclutamiento forzado de menores, narcotráfico, extorsión, homicidio y secuestro, en una región donde las disidencias mantienen presencia sobre comunidades rurales.
