Un productor pagó por estudios técnicos que laboratorios desconocieron y ahora enfrenta pérdidas en sus cultivos.
El caso se conoció cuando un agricultor decidió confirmar la autenticidad de unos análisis que afectaban su producción. Sin embargo, los laboratorios mencionados en los informes negaron haber realizado los estudios.
El dinero se entregó primero. Los resultados llegaron después. Y la duda apareció cuando ya era tarde. En septiembre de 2025, en una reunión en zona rural de Pereira, un ingeniero agrónomo presentó un programa de análisis de suelos que, según explicó, hacía parte de un convenio con la Secretaría de Desarrollo Rural.
La propuesta era clara: los productores pagarían una parte del costo, mientras la Alcaldía subsidiaría el resto.
Uno de ellos aceptó. Pagó $900.000 en efectivo por nueve muestras de suelo, con la expectativa de recibir resultados técnicos confiables que le permitieran planificar la fertilización de sus cultivos de café y plátano.
Las semanas siguientes no fueron lo esperado. Las visitas para tomar las muestras se aplazaban constantemente, entre argumentos de lluvias, cambios internos en la administración. Aun así, las muestras se tomaron en octubre.
Pero los resultados no llegaron de inmediato. Pasaron días clave sin información técnica, mientras la finca seguía sin fertilizar, a la espera de los análisis. Cuando finalmente fueron entregados, venían acompañados de tablas, cifras y un plan de fertilización detallado por lotes.
A simple vista, todo parecía en regla. Los documentos incluían nombre de laboratorio, datos técnicos y recomendaciones agronómicas. Sin embargo, algo no coincidía.
No existían
La primera alerta no vino de una autoridad, sino del campo. Los resultados no reflejaban el estado real de los cultivos, y las recomendaciones no encajaban con lo que se observaba en la finca.
Por eso, el productor tomó los documentos y los envió directamente al laboratorio que aparecía en los informes. La respuesta cambió todo. El laboratorio negó haber realizado esos análisis.
No fue una ambigüedad. Fue una negación directa. El informe no correspondía a sus formatos, ni a su metodología, ni a sus registros. En otras palabras, no existía para ellos.
La verificación no terminó ahí. También revisaron los análisis de agua entregados. Otra empresa, Acuambiente, respondió que esos documentos tampoco eran suyos, y que ni siquiera prestan ese tipo de servicio en Pereira bajo esas condiciones.
En ese punto, el problema dejó de ser técnico. Los documentos que sustentaban decisiones productivas no tenían respaldo real.
Impacto en la finca
Mientras se resolvía la duda, el daño avanzaba. La finca llevaba semanas sin fertilizar, esperando resultados que, ahora se sabía, no eran confiables.
Las decisiones que debían tomarse en días se aplazaron. El cultivo de café y plátano quedó rezagado en su manejo, con posibles efectos en productividad y costos.
El caso tomó más fuerza cuando una ingeniera agrónoma de la Federación Nacional de Cafeteros revisó los informes. Detectó inconsistencias técnicas, lo que confirmó que algo no estaba bien.
Pero había otro problema. El dinero ya había sido entregado y nunca se emitieron facturas, pese a que el compromiso inicial incluía formalizar el pago. Esto abrió una nueva preocupación sobre la trazabilidad del servicio.
Por ahora, no hay pronunciamiento oficial de la Alcaldía. Pero la denuncia deja una pregunta en el aire: qué pasa cuando la asistencia técnica, que debería guiar al campo, termina generando incertidumbre y posibles pérdidas.
