Anunció acciones ante Fiscalía y Procuraduría por presunto abuso de autoridad en procedimiento adelantado este jueves.
Cinco comparendos impuestos en un solo procedimiento encendieron la polémica política en Pereira. El candidato a la Cámara de Representantes, Nelson Guisao, confirmó que impugnará las multas y denunciará lo que considera irregularidades en el operativo.
El caso se registró durante un procedimiento adelantado por agentes de tránsito. Según se conoció, al aspirante al Congreso le impusieron cinco comparendos por incumplir normas de tránsito.
Tras lo ocurrido, el dirigente político difundió un comunicado en el que fija su posición frente a los hechos:
“En mi condición de candidato a la Cámara de Representantes, veedor ciudadano y defensor de derechos humanos, informo al país que los comparendos impuestos serán impugnados por las vías legales correspondientes y, de manera paralela, se pondrán en conocimiento de las autoridades competentes las presuntas ilicitudes sustanciales que habrían rodeado estas actuaciones.
En efecto, de conformidad con el artículo 250 superior y demás normas concordantes, se acudirá ante la Fiscalía General de la Nación para que investigue la posible comisión del delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, así como ante el juez disciplinario natural —en especial la Procuraduría General de la Nación y la Personería Municipal, en ejercicio del poder preferente— con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes por las presuntas faltas disciplinarias derivadas de estos hechos.
Existen elementos objetivos que permiten advertir eventuales vicios de nulidad de estirpe formal y material, derivados de lo que jurídicamente podría configurarse como un falso juicio de legalidad —tanto en su dimensión formal como material—, así como defectos fácticos y sustantivos y un exceso ritual manifiesto que comprometería seriamente la validez del procedimiento administrativo sancionatorio.
Debe precisarse que no se trató de un puesto de control rutinario ni de un procedimiento ordinario de tránsito, sino de una actuación singular, desproporcionada y dirigida, que podría constituir un ejercicio abusivo de la potestad sancionatoria del Estado.
Las circunstancias permiten considerar, de manera preliminar, que estos hechos podrían estar relacionados con denuncias previas formuladas contra determinados funcionarios y, en el contexto actual, no puede descartarse una persecución política por parte de contradictores, quienes presuntamente podrían haber instrumentalizado la actuación de algunos agentes de tránsito.
Dichos funcionarios han sido objeto de denuncias anteriores por presuntas irregularidades, lo cual será valorado por los organismos de control. De confirmarse tales antecedentes, estaríamos ante una situación altamente preocupante de posible instrumentalización del poder administrativo para fines ajenos a la función pública y orientados a afectar el ejercicio del control ciudadano.
Asimismo, se advierte la posible configuración de un falso positivo administrativo, en la medida en que se estarían atribuyendo conductas o infracciones que no corresponden a la realidad, incluyendo señalamientos —posiblemente injuriosos y temerarios— sobre la vigencia de mi licencia de conducción, la cual se encuentra plenamente válida conforme a los registros oficiales.
Debe quedar absolutamente claro que contaba con mis documentos en formato digital, conforme lo autoriza la normatividad vigente, y que la actitud hostil, desafiante y confrontativa por parte de algunos agentes impidió el desarrollo normal del procedimiento y la verificación tranquila de dichos documentos, generando una situación de tensión innecesaria y desproporcionada.
Igualmente preocupa la eventual omisión en la notificación efectiva de los comparendos en el lugar de los hechos, situación que contraviene directamente los postulados del artículo 135 de la Ley 769 de 2002, así como la posición dominante que ostentan los agentes frente al administrado, especialmente cuando se trata de un ciudadano que ejerce funciones de veeduría y control social, actividades de estirpe constitucional orientadas a la defensa del interés general y que cumplen con los fines constitucionales de un Estado social y democrático de derecho.
No puede ignorarse que mi aspiración a la Cámara de Representantes cuenta con un amplio respaldo ciudadano, lo cual podría convertir esta labor en un riesgo para intereses políticos contrarios, especialmente para quienes se sienten afectados por las denuncias públicas de posibles irregularidades. Por ello, no se descarta que estas actuaciones constituyan una persecución política dirigida a desacreditar y silenciar esta candidatura.
A la ciudadanía le transmito un mensaje de absoluta tranquilidad: no me temblará ni la voz ni la mano para denunciar este tipo de situaciones y defender el Estado de Derecho. Si hechos de esta naturaleza pueden ocurrir contra un veedor ciudadano, defensor de derechos humanos, periodista alternativo y candidato al Congreso en ejercicio de control social, resulta particularmente preocupante imaginar lo que podría sucederle a cualquier ciudadano del común en condiciones de vulnerabilidad frente al poder sancionador del Estado. Precisamente por ello, continuaré ejerciendo sin temor mi labor de denuncia, vigilancia y defensa de los derechos de todos.”
