Exigió dos millones de pesos a la madre de la víctima. No aceptó los cargos, pero un juez lo envió a prisión.
Durante dos días, una mujer permaneció retenida contra su voluntad en una vivienda del barrio Manrique, en Medellín. El captor era su pareja sentimental y según la Fiscalía, la golpeó y exigía dinero a su familia para liberarla.
La investigación permitió judicializar a Johan Stiven Marino Mosquera por los delitos de secuestro extorsivo y tortura. Los hechos ocurrieron entre el 6 y el 8 de febrero de 2026 en el nororiente de la capital antioqueña.
De acuerdo con el expediente, el hombre habría ocultado a la víctima en una casa del sector y la sometió a agresiones físicas y psicológicas reiteradas. La golpeaba con objetos contundentes, hasta hacerla perder el conocimiento en varias ocasiones.
Marino Mosquera, presuntamente, realizó llamadas a la madre de la mujer para exigirle dos millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida y permitir su liberación.
La Fiscalía sostiene que el captor utilizó la relación sentimental como mecanismo de control y aislamiento, lo que habría facilitado la retención sin que terceros advirtieran de inmediato lo ocurrido.
Las autoridades consideran que la conducta configura un secuestro extorsivo agravado por el vínculo y por la violencia ejercida.
Pruebas incautadas
La captura se produjo en una acción conjunta entre investigadores de la Fiscalía y unidades del Gaula de la Policía Nacional. Durante el procedimiento incautaron cuatro teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que ahora hacen parte del material probatorio dentro del proceso penal.
Una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó al detenido ante un juez de control de garantías. En audiencia concentrada, le imputó formalmente los delitos de secuestro extorsivo y tortura. El procesado no aceptó los cargos.
El juez decidió imponer medida de aseguramiento en centro carcelario, al considerar que existen elementos suficientes que vinculan al acusado con los hechos y que su libertad representaría un riesgo para la víctima y la comunidad.
