El tribunal ratificó la pena. La menor de 11 años desapareció en diciembre de 2024 y semanas después la hallaron muerta.
La justicia colombiana cerró uno de los casos más dolorosos ocurridos en Sogamoso. Un tribunal confirmó la condena contra el responsable de la desaparición de Sara Michel Vargas, una niña de 11 años. La decisión validó la investigación y fijó una pena superior a 27 años. El proceso sigue abierto por un cargo aún más grave.
La sentencia de segunda instancia dejó en firme la responsabilidad penal del hombre que, según el expediente judicial, intervino de manera directa en la desaparición forzada agravada de una menor de edad.
El fallo, emitido por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, revisó y avaló los argumentos probatorios presentados durante el juicio, ratificando la condena de 27 años y siete meses de prisión contra Juan Carlos Rodríguez Vargas, primo de la menor desaparecida.
Con ello, se cerró el debate jurídico sobre su culpabilidad en este delito específico, mientras continúa otro proceso en su contra por un hecho de mayor gravedad. La investigación estableció que la madrugada del 25 de diciembre de 2024 marcó el inicio del caso.
Tras una discusión familiar, la niña salió de su vivienda y no regresó. Horas después, se activaron los mecanismos de búsqueda. La línea de tiempo permitió ubicar un encuentro clave entre la víctima y un familiar en un sector conocido como Vanegas, en Sogamoso.
La ruta final de la víctima
De acuerdo con el acervo probatorio, la menor fue trasladada en motocicleta desde Vanegas hasta la vereda El Ciral. Ese desplazamiento, verificado mediante testimonios y análisis técnicos, se convirtió en el último registro certero del paradero de la niña.
Durante los primeros días de búsqueda, el hoy condenado negó cualquier contacto, una versión que luego se desmoronó frente a las evidencias recopiladas.
El hallazgo del cuerpo, en enero de 2025, reorientó la investigación. La hallaron en una zona boscosa. Ese descubrimiento permitió consolidar la imputación por desaparición forzada agravada, sustentada en la privación de la libertad y la ocultación del paradero.
La confesión parcial llegó semanas después, cuando el procesado aceptó su responsabilidad por ese delito específico. La aceptación de cargos, registrada en febrero de 2025, derivó en una condena en primera instancia que ahora fue confirmada.
El tribunal valoró la coherencia del relato probatorio, la secuencia temporal y la consistencia de los elementos técnicos. La pena ratificada refleja la gravedad del daño causado y la condición de la víctima, una menor de edad.
Aunque la condena quedó en firme por desaparición forzada agravada, el caso no está cerrado del todo. En paralelo, avanza un proceso por feminicidio agravado, imputación que el acusado no aceptó.
