Dieciséis capturas, 15 kilos de marihuana incautados y la identificación de otros actores criminales.
La ofensiva logró algo más decisivo. Para el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana, fue más que un golpe operativo. La intervención permitió reconstruir el mapa criminal. Ahora, los equipos de inteligencia conocen quién ordena, quién ejecuta y cómo se financian las muertes violentas que golpearon a Dosquebradas en el presente mes de enero.
Más allá de las capturas y la droga incautada, la operación marcó un punto determinante en las investigaciones, debido a que se logró penetrar el corazón de las estructuras que dominan las rentas criminales de El Balso y San Judas. Lo más importante, los nombres de los que se tomaron el control de territorios dominados por el miedo.
La acción concentrada se apoyó en un despliegue permanente de 350 policías en Dosquebradas y en operaciones urbanas coordinadas que incluyeron estos dos barrios como ejes prioritarios.
Equipos de investigación judicial, inteligencia y vigilancia territorial cerraron corredores de microtráfico y desactivaron puntos de control criminal. El balance operativo dejó 16 capturas estratégicas y la incautación de 15 kilogramos de marihuana, principal fuente de financiación de Cordillera en esa zona.
El oficial señaló, en una conversación con Noticias 360 Digital, que las diligencias permitieron reunir pruebas, ubicar roles internos y fortalecer procesos de judicialización por homicidio y otros delitos. “En los próximos días, se entregarán más detalles de los capturados”, dijo.
Cabecillas expuestos
La captura de alias Samuel, señalado como líder operativo en la zona, destrabó expedientes por muertes violentas y permitió individualizar a los autores y a quienes impartían órdenes.
La investigación trazó un mapa criminal que reúne a hombre como alias Kevin, alias Jarras y alias Negro Harold, éste último privado de la libertad y trasladado a otro centro de reclusión fuera de Risaralda.
La Policía confirmó que esta operación será sostenida para impedir reacomodos, asegurar condenas y reducir de forma inmediata los homicidios en el municipio.
