Personería de Pereira y Procuraduría Provincial activaron actuaciones preventivas ante el colapso del primer nivel de atención en salud.
La red pública de salud de Pereira entró en estado de máxima alerta. Una carta firmada por la gerente de la ESE Salud Pereira, Diana Milena Castañeda Hernández, advierte de un colapso operativo y humanitario por el incumplimiento de pagos de las EPS, con pacientes atrapados en el primer nivel y remisiones a mayor complejidad bloqueadas.
El documento llegó a los despachos de Bernardo Armando Camacho Rodríguez, superintendente nacional de Salud; Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, ministro de Salud; Edgar Hernando Navarro Zuluaga, secretario de Salud de Risaralda; Rodolfo Antonio Burgos Pereira, secretario de Salud de Pereira; Alba Lucy García Martínez, de la Procuraduría Provincial; Leonardo Fabio Reales Chacón, personero municipal; y Lina María Naranjo López, defensora regional del Pueblo en Risaralda.
La gerente detalló que existe alta ocupación en urgencias, observación y hospitalización de las unidades San Joaquín, Centro y Kennedy, con pacientes que esperan aceptación de las EPS para traslado a especialidades como medicina interna, psiquiatría, ortopedia, cirugía general, neurología, gastroenterología y pediatría.
El mayor represamiento involucra a AsmetSalud y Nueva EPS. Según la carta, las EPS alegan falta de red disponible por problemas contractuales y de pago, lo que empuja traslados fuera del departamento que muchos pacientes rechazan por impacto familiar y social.
La consecuencia de este nuevo capítulo d la crsisi se mide por las estancias de semanas, deterioro acelerado y traslados tardíos bajo “urgencia vital”, con casos que no llegan con vida o no reciben aceptación.
Castañeda advierte de un bloqueo de la red complementaria, actualmente sin contratos ni garantías de pago, además de hospitales de segundo y tercer nivel que cierran sus puertas a las remisiones.
“Resulta inaceptable que el sistema reaccione sólo cuando el paciente roza la muerte”, señaló la gerente en el texto.
Llamado a la intervención
También explicó que el represamiento dispara costos y reduce giro cama. Aun así, las EPS rechazan facturas por estancias prolongadas y pertinencia; es decir, no reconocen hotelería ni gastos operativos, pese a tratarse de afiliados propios.
Castañeda también explicó que el flujo de caja mínimo ahoga a varios proveedores y desgasta al talento humano, que sostiene la operación en condiciones precarias.
La ESE exigió a la Superintendencia Nacional de Salud una intervención inmediata para recuperar cartera, hacer cumplir obligaciones contractuales y restablecer la red. “La salud no puede seguir mediada por trámites mientras la vida se apaga en los pasillos”, concluye en la misiva.
La gerencia reafirmó su compromiso con la atención, pero fijó una línea roja: “sin recursos y pagos oportunos, el sistema local no resiste”.
