Pereira suma diez homicidios en enero. El área metropolitana alcanza diecisiete casos violentos en el mismo periodo.
Juan Felipe Correa Trujillo tenía apenas 17 años. Es una víctima más del repunte de violencia que se vive por estos días en Pereira. Este miércoles, lo asesinaron de un disparo a plena luz del día mientras se encontraba en un paradero de buses del barrio Villa Consota.
Según testigos, el homicida lo interceptó y tras el ataque huyó a pie hacia el sector de El Dorado. Las autoridades, hasta el momento, no han emitido un comunicado oficial por este caso.
Un reporte preliminar dice que, supuestamente, en el sector lo conocían con el nombre de ‘La Chinga’. Hace cuatro meses había terminado de pagar una condena en el centro de reeducación para menores Marceliano Ossa.
Con este homicidio, Pereira llega a diez asesinatos en lo corrido del año, mientras que el área metropolitana suma 17 hechos de sangre, un balance que vuelve a encender las alertas de las autoridades y de los organismos de seguridad.
El levantamiento del cadáver lo realizó el CTI de la Fiscalía, que también adelanta la recolección de pruebas para establecer las circunstancias del asesinato, así como la identificación del responsable.
Antecedentes de la víctima
Fuentes judiciales confirmaron que Juan Felipe Correa Trujillo había salido recientemente del sistema penal juvenil, tras cumplir una sanción por porte ilegal de armas de fuego, pero también registraba un ingreso previo por hurto.
Más que un homicidio es una alerta social. El asesinato del adolescente revela la creciente vinculación de menores de edad a dinámicas criminales, ya sea como víctimas o como actores dentro de estructuras delincuenciales.
El defensor de derechos humanos Eisenhower D’janon Zapata, señala que el uso de adolescentes en hechos violentos no es casual, sino “una estrategia de organizaciones que aprovechan su edad y la debilidad de los procesos de seguimiento tras salir de centros de reclusión juvenil”.
Programas que no llegan a tiempo
Aunque los gobiernos locales anuncian planes de prevención, resocialización y acompañamiento juvenil, los hechos recientes cuestionan el alcance real de estos programas en barrios con alta incidencia de violencia.
El mismo D’janon Zapata asegura que el seguimiento efectivo de jóvenes que salen del sistema penal y la ausencia de oportunidades sostenidas aparecen como vacíos que el crimen organizado ocupa con rapidez.
“La prevención no recae sólo en la Policía. Aquí también está involucrado el sistema educativo, las familias y el Estado, que deben actuar de manera articulada para evitar que los menores caigan en esos circuitos de violencia”, dijo.
Este homicidio, más allá del hecho judicial, revela una fractura social persistente y plantea una pregunta de fondo ¿qué está fallando, que los jóvenes no terminan protegidos por un proyecto de vida?.
