El ente de control advirtió de una posible extralimitación de funciones y posible vulneración del debido proceso.
La Procuraduría General de la Nación concluyó que una decisión administrativa adoptada desde la Alcaldía de Pereira pudo vulnerar derechos fundamentales de cinco jóvenes en condición de especial protección.
Por esa razón, abrió un proceso disciplinario y formuló pliego de cargos contra Jaime Aristóbulo Mena Buenaños, exsubsecretario de Grupos Vulnerables y programas especiales.
Un comunicado oficial, dice que el 22 de mayo de 2024, el entonces funcionario envió un oficio a cinco beneficiarios de ayuda humanitaria, donde les ordenó abandonar el albergue por un supuesto incumplimiento del manual de convivencia.
Para la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira, la actuación no estuvo precedida de un procedimiento que garantizara el derecho de defensa y contradicción de los afectados.
El ente de control precisó que Mena Buenaños, quien se había posesionado en el cargo el 4 de enero de 2024, habría actuado por fuera del marco de sus competencias.
Asimismo, habría vulnerado el debido proceso, desconociendo la especial protección constitucional que cobija a los menores de edad y a las víctimas del conflicto armado.
En su análisis preliminar, la Procuraduría concluyó que el exsubsecretario pudo incurrir en extralimitación de funciones y quebrantar el principio de moralidad administrativa. Provisionalmente, la conducta es como falta grave cometida a título de culpa grave.
El proceso disciplinario continuará en etapa de instrucción para definir si la actuación del exfuncionario deriva en sanción, en caso que vuelve a poner bajo escrutinio el manejo institucional de los programas dirigidos a poblaciones vulnerables.
