Procuraduría lanza advertencia ante el riesgo por la falta de recursos. Para este 31 de diciembre se espera reunión urgente.
La suspensión del contrato de alimentación afectaría a los sindicados que se encuentran en las estaciones de Policía y la UPPV, desde el 1 de enero de 2026, por falta de acuerdos interinstitucionales.
La advertencia se produjo tras una reunión realizada el 29 de diciembre entre autoridades locales y nacionales. El Ministerio Público habló de un escenario crítico en centros transitorios de la ciudad.
Según la Procuraduría, la suspensión del servicio alimentario afectaría a sindicados bajo custodia estatal. El derecho básico a la alimentación estaría en riesgo desde el primer día del año.
La Entidad pidió a la Alcaldía de Pereira y a la USPEC adoptar medidas urgentes y necesarias. El objetivo es evitar una crisis humanitaria con posibles tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Choque de responsabilidades institucionales
Desde el 1 de julio de 2025, el municipio asumió la alimentación de los sindicados en centros transitorios. Sin embargo, la Alcaldía asegura no tener recursos ni condiciones técnicas suficientes, según un comunicado de la Procuraduría.
La USPEC, por su parte, señaló que estos internos no fueron incluidos en su planeación y argumentó que la obligación quedó en manos del municipio desde mediados de 2025.
La Procuraduría también advirtió riesgos adicionales. La seguridad en estaciones de policía y en la Unidad Permanente de Protección a la Vida podría verse afectada.
Para este miércoles 31 de diciembre está prevista una nueva reunión. Las autoridades esperan llegar a un acuerdo que garantice la continuidad del servicio.
Mientras tanto, la Procuraduría mantiene seguimiento a través de sus delegadas regionales y provinciales. El comunicado dice que la prioridad es una solución inmediata que evite vulneraciones de derechos y mayores tensiones en la ciudad.
