La adición superó los 300 millones de pesos y se habría aprobado sin estudios técnicos ni evaluación de alternativas contractuales.
El proceso disciplinario advierte que la planeación del contrato se estructuró con tiempos que no correspondían a la magnitud del montaje. La situación habría obligado a modificar el valor inicial del negocio jurídico en plena ejecución.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Milton Hurtado García, exsecretario de Infraestructura de Pereira durante el periodo 2020–2023. Supuestamente, por presuntas irregularidades en la contratación del alumbrado navideño de la vigencia 2023.
Un documento oficial dice que, que el proceso contractual incluyó su arrendamiento, instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y posterior desmonte.
Según el órgano de control, el contrato lo adjudicaron el 31 de octubre de 2023. Fijaba un plazo para definir la finalización del montaje para el 6 de diciembre del mismo año.
Un cronograma que, según la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira, no se ajustaba a las condiciones reales del proceso. Ni a la naturaleza técnica del objeto contractual.
Riesgos advertidos y adición presupuestal
La Procuraduría señaló que la forma en que se estructuró el cronograma generó riesgos previsibles. Entre ellos, la instalación tardía del alumbrado y la necesidad de tramitar una adición presupuestal superior a los 300 millones de pesos.
Según el expediente disciplinario, dicha adición supuestamente la aprobaron sin evidencia de un análisis independiente. No hubo estudios de alternativas y sin soportes técnicos suficientes que justificaran el incremento del valor contractual en plena ejecución.
Para el Ministerio Público, el exfuncionario posiblemente adelantó el negocio jurídico omitiendo garantizar una adecuada planeación, uno de los pilares de la contratación estatal, lo que habría afectado el principio de economía administrativa.
Fallas en la supervisión del contrato
En un segundo cargo, la Procuraduría indicó que Hurtado García, como supervisor del contrato bilateral, no exigió la calidad de los bienes y servicios adquiridos ni adoptó medidas correctivas oportunas, pese a que desde el acta de inicio ya se advertían riesgos en la ejecución del contrato.
El ente de control sostuvo que el seguimiento contractual resultó insuficiente para corregir desviaciones técnicas y administrativas, lo que permitió que las falencias iniciales pasaran a la etapa de ejecución, incrementaran los costos y comprometieran la eficiencia del proceso.
Para la Procuraduría, con su presunta conducta el exsecretario habría quebrantado los principios de planeación y economía, en relación con la estructuración y modificación del contrato, y el principio de moralidad administrativa, en lo correspondiente a la supervisión del mismo.
Las faltas recibieron calificación provisional como graves, cometidas a título de culpa grave, por lo que el proceso disciplinario avanzará a la etapa de juzgamiento, en la que el exfuncionario ejercerá su derecho a la defensa.
