Dos exfuncionarios enfrentan ahora detención intramural y el proceso avanza hacia la unificación.
La decisión judicial que permitió la libertad del exalcalde de Dosquebradas, Diego Ramos Castaño, no cerró el capítulo penal del caso por presunto direccionamiento contractual, pero sí marcó un punto importante en una investigación que ahora entra en una fase más compleja.
Mientras el exmandatario salió del proceso con medida de libertad, dos exfuncionarios quedaron recluidos en centro carcelario, y el expediente se encamina a una posible unificación con otro proceso que involucra a más personas por los mismos hechos.
El abogado defensor Renato Marín explicó que las decisiones adoptadas tras la audiencia de este viernes corresponden a medidas provisionales propias de una etapa inicial del proceso penal.
Aclaró que, aunque a su defendido se le concedió la libertad, el caso sigue abierto y sujeto a revisión por parte de un juez de segunda instancia, tras la apelación presentada por la Fiscalía General de la Nación.
Una decisión que no cierra el proceso
De acuerdo con la defensa, el juzgado de control de garantías no encontró una inferencia razonable que permitiera vincular de manera directa a Diego Ramos con los delitos imputados.
Si bien la Fiscalía señaló que, en su condición de alcalde, tenía responsabilidad sobre la contratación municipal, el despacho concluyó que no existían pruebas directas, como audios, mensajes o registros de reuniones, que demostraran su participación activa en el convenio.
“La libertad no significa absolución ni archivo”, subrayó el abogado, al señalar que el proceso continuará su curso normal. A Ramos lo imputaron por interés indebido en la celebración de contratos y por peculado por apropiación a favor de terceros.
En contraste, el juez sí consideró que existían elementos suficientes para imponer medida de aseguramiento intramural contra el exsecretario de Gobierno Juan Carlos Sepúlveda Montoya y la excontratista Claudia Patricia García Morales.
El caso no se tramitará de manera aislada. Según explicó Renato Marín, la Fiscalía ya había vinculado en agosto a seis personas más, entre ellas funcionarios de la Alcaldía y el exconcejal Carlon Londoño Sánchez, por hechos relacionados con el mismo contrato.
“Lo que va a ocurrir es la conexidad de los procesos”, explicó el abogado. Esto significa que las dos investigaciones, al tener los mismos hechos, circunstancias y protagonistas, serían unificadas en un solo expediente judicial.
