La campaña educativa busca evitar engaños y proteger la salud, mientras se imponen medidas severas a quienes incumplan.
La directora de Fiscalización de Risaralda, Luz Andrea Mejía, explicó el procedimiento que siguen los equipos cuando llegan a un establecimiento. Lo primero es verificar la documentación y, si no está al día, se realiza sensibilización, recordando que el cierre por documentos es competencia del gobierno local, no de fiscalización. “Nosotros cerramos únicamente cuando encontramos licor adulterado o de contrabando”, aclaró.
Mejía aseguró que existen personas malintencionadas ofreciendo licores a precios irrisorios que ni las propias licoreras venden. Por ello, se insiste en que los comerciantes no se dejen engañar y exijan garantías de legalidad y estampillado. La adulteración es especialmente peligrosa porque pone en riesgo la salud de los consumidores.
Cuando se encuentra licor de contrabando, el establecimiento enfrenta cierre preventivo, una sanción equivalente a 10 veces el impuesto dejado de pagar y posteriormente un cierre definitivo una vez culmine el proceso. Pero cuando se encuentra licor adulterado, la sanción es aún mayor: cierre preventivo, multa equivalente a 15 veces el impuesto evadido y denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, además del cierre final.
Finalmente, la funcionaria aclaró que la apertura de fronteras no significa que cualquier departamento pueda comercializar lo que quiera. Risaralda, al no tener licorera ni comercializadora, mantiene un monopolio abierto y exige documentación completa para cualquier introducción de licor. “Nuestra tarea es garantizar que lo que se venda sea legal, trazable y seguro para el consumidor”, concluyó Mejía.
