Más del 90 % de los delitos de violencia contra las mujeres no recibe condena, según la Defensoría del Pueblo
La impunidad en los casos de violencia basada en género alcanza niveles alarmantes. Casi todos los delitos sexuales y la mayoría de las agresiones contra mujeres quedan sin una respuesta judicial efectiva.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Defensoría del Pueblo encendió nuevamente las alarmas sobre la crisis que enfrenta Colombia en esta materia.
Los datos más recientes confirman que el país vive una emergencia sostenida. Cerca de 1.000 mujeres son asesinadas cada año, lo que equivale a una víctima cada ocho horas.
A ello se suma un fenómeno de violencia extrema contra personas con orientación sexual e identidad de género no hegemónica. En este aspecto, el promedio anual es de 139 asesinatos, una de las cifras más altas de la región.
El panorama judicial no es menos preocupante. Según la entidad, más del 90 % de los delitos de violencia contra las mujeres no termina en condena. En la práctica, esto significa que la mayoría de agresores nunca responde ante la justicia.
Aunque la situación se agrava en los casos de delitos sexuales, el 91,4 % permanece estancado en etapa de indagación. Es decir, sin avances significativos, sin imputados y sin decisiones judiciales.
El anuncio de la Defensoría
Frente a esta realidad, la Defensoría anunció la puesta en marcha de las Unidades Especializadas para el Litigio de las Violencias de Género. La estrategia está dirigida a fortalecer la representación jurídica de mujeres y personas en procesos de alto impacto.
La iniciativa iniciará operaciones en Atlántico, Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá, territorios con altos índices de violencia y rezago en la respuesta institucional.
Estas unidades articularán esfuerzos con Fiscalía, comisarías de Familia, autoridades locales y organizaciones sociales.
Su misión será impulsar las investigaciones, gestionar medidas de protección y litigar de manera especializada casos de feminicidio. También en casos de violencia sexual, violencia intrafamiliar, trata de personas y violencia por prejuicio.
La Defensoría insiste en que sin coordinación interinstitucional no será posible cerrar la brecha entre denuncia y sanción. Durante el lanzamiento en Barranquilla, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió que la crisis exige respuestas inmediatas y sostenidas.
“Se necesita una acción unificada del Estado y un diálogo permanente con la sociedad civil para garantizar que ninguna mujer tenga que elegir entre denunciar y ponerse en riesgo”, señaló.
La entidad recordó que las violencias basadas en género afectan de manera desproporcionada a mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT, especialmente en zonas con baja presencia institucional.
La impunidad, la lentitud procesal y la falta de especialización en los estrados judiciales destacan entre los factores que más obstaculizan el acceso a la justicia. El objetivo es que los casos avancen, las medidas de protección sean efectivas y las decisiones judiciales reflejen el problema.
