En Risaralda se cuentan al menos 117 denuncias por desaparición hasta agosto del presente año, la mayoría en Pereira.
El Gobierno de Estados Unidos expresó preocupación por el incremento de víctimas de trata de personas en Colombia, un fenómeno que, según datos entregados por su delegación diplomática, se concentra de manera preocupante en el Eje Cafetero y tiene como punto crítico a Pereira.
Por ese motivo, Ann Hardman, consejera política; y Juan Carlos Guerrero, asesor sección política de la Embajada de los Estados Unidos de América, se reunieron este jueves con el personero municipal de Pereira, Leonardo Fabio Reales Chacón, para hablar de temas de derechos humanos.
La delegación norteamericana llegó con dos inquietudes centrales: el aumento sostenido de personas explotadas en redes de comercio humano y la situación de la comunidad indígena que permanece en la ciudad.
Los funcionarios solicitaron información sobre las políticas públicas, la capacidad institucional y el cumplimiento de la Ley 1551 de 2012, que obliga a los gobiernos locales a incluir en sus planes de desarrollo un componente de garantía de derechos humanos, incluida la lucha contra la trata.
Según el personero Reales Chacón, las cifras que maneja la Embajada muestran una curva ascendente que refleja la insuficiencia de los mecanismos locales para enfrentar el delito.
Ese crecimiento, dijeron, demuestra que “las estrategias municipales no estarían logrando contener las redes que captan, trasladan y explotan a mujeres, hombres y menores, muchos de ellos invisibles para las autoridades”.
En ese sentido, Reales Chacón advirtió que la ciudad enfrenta un desafío creciente: garantizar los derechos fundamentales de grupos en riesgo, fortalecer las rutas de atención y cerrar los vacíos que permiten que el delito avance.
La entidad insistió en que la trata no es un fenómeno aislado sino un problema estructural que exige respuestas más sólidas y coordinadas entre todos los niveles del Estado.
Preocupación por comunidades indígenas
El segundo punto de análisis fue la situación de las comunidades indígenas asentadas en Pereira, cuyas prácticas y condiciones de permanencia generan alertas entre las autoridades.
La Embajada pidió claridad sobre el acompañamiento institucional, las acciones de protección y los riesgos asociados a situaciones de explotación o vulnerabilidad.
