Una tutela advierte sobre posibles riesgos graves por fallas en el proceso y ante la posibilidad de una violación constitucional.
La acción judicial abrió un nuevo frente de polémica en Risaralda. Un juez ordenó detener de inmediato la convocatoria para elegir al próximo Contralor Departamental tras detectar posibles fallas graves en el proceso, riesgo de vulneración al debido proceso y advertencias de que la selección podría continuar sin garantías mínimas para los aspirantes.
El caso estalló este fin de semana en los despachos judiciales de Pereira. A primera hora de la mañana, el Juzgado Doce Penal Municipal de Conocimiento recibió la tutela de Perches Giraldo Campuzano, uno de los aspirantes al cargo, quien denunció irregularidades sustanciales en el concurso adelantado por la Asamblea de Risaralda y ejecutado por la Universidad de Cartagena.
El juzgado analizó el expediente y concluyó que los argumentos del accionante no sólo tenían “vocación aparente de viabilidad”, sino que además existía un riesgo real y verificable de que permitir el avance del proceso “frustrara de manera considerable la protección constitucional solicitada”.
La advertencia del despacho fue directa: el proceso avanzaba con un cronograma tan ajustado que, si no se tomaban medidas inmediatas, la tutela perdería sentido antes de poder ser resuelta.
La decisión fue drástica
El juez admitió la tutela, aceptó la medida cautelar y, en un movimiento que sacudió el ambiente político local, ordenó suspender de inmediato toda la convocatoria pública para elegir al Contralor Departamental para el período 2026-2029.
La instrucción cobija tanto a la Asamblea de Risaralda como a la Universidad de Cartagena, que se encontraba a cargo de la ejecución técnica del concurso.
Pero la determinación no quedó allí
Consciente de que cualquier alteración en el proceso afecta directamente a los demás aspirantes, el despacho envió una orden adicional que generó aún más ruido en los pasillos de la Asamblea.
El juez exigió que, en un plazo perentorio de un día, la corporación entregara el listado completo de los concursantes que ya habían superado las etapas previas, junto con sus números telefónicos y correos electrónicos.
Buscan vincular formalmente a todos los aspirantes
La solicitud demuestra que el despacho considera que la eventual decisión final podría afectar a terceros, razón por la cual resulta obligatorio escucharlos antes de emitir un fallo definitivo.
El juez subrayó que esta medida no genera un daño desproporcionado para la Asamblea ni para la universidad encargada, pues la prioridad constitucional es evitar que un proceso público de selección se adelante sin garantías plenas de transparencia, publicidad y debido proceso.
La tutela también ordena traslado urgente a la Asamblea y a la Universidad de Cartagena, quienes deberán responder en un plazo máximo de un día hábil.
Ambas entidades tendrán que justificar su actuación y demostrar que el concurso cumple con los estándares exigidos por la Corte Constitucional y la legislación vigente. Por ahora, lo único claro es que la batalla jurídica apenas comienza.
