Investigan si la operación del 11 de noviembre en la población de Calamar, realmente cumplió protocolos militares.
La Justicia Penal Militar abrió una indagación para establecer si la operación aérea contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Calamar, Guaviare, cumplió los protocolos de uso legítimo de la fuerza, luego que Medicina Legal confirmara la muerte de siete menores durante el bombardeo.
La Fiscalía General Penal Militar y Policial informó que abrió una indagación preliminar por la operación militar del 11 de noviembre en zona rural del municipio de Calamar, Guaviare.
El proceso busca determinar si la actuación de la fuerza pública se ajustó a las reglas que rigen el uso de la fuerza en el conflicto armado.
Revisión técnica del operativo militar
En el sector de Puerto Cubarro, tropas del Ejército y la Policía adelantaron una ofensiva contra integrantes del grupo armado residual encabezado por alias ‘Iván Mordisco’.
Durante la operación neutralizaron a varios de sus miembros y se incautó material de guerra de alto poder ofensivo. La investigación pretende establecer si la planeación, ejecución y seguimiento del bombardeo respetaron principios de distinción, proporcionalidad y precaución.
La institución señaló que el proceso se asumirá con absoluta rigurosidad técnica y jurídica, con el fin de verificar objetivamente cada decisión operacional tomada antes y durante el ataque. El análisis busca esclarecer si hubo fallas en inteligencia o evaluación del objetivo militar.
Presión política y debate en el Congreso
La muerte de siete menores de edad generó una fuerte reacción política. La representante Katherine Miranda anunció que este 18 de noviembre se realizará una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por su presunta responsabilidad en la operación.
El debate legislativo pretende establecer si hubo errores en la cadena de mando que derivaron en la tragedia.
Miranda sostuvo que el Gobierno debe asumir consecuencias y revisar a fondo los procedimientos adoptados en operaciones aéreas donde hay riesgo de presencia de menores. La congresista afirmó que el episodio exige decisiones de fondo y total transparencia.
El ministro Sánchez respondió que la responsabilidad por la presencia de menores en zonas de operaciones recae en los grupos armados ilegales, que continúan utilizándolos como escudos humanos. El Ministerio de Defensa insiste en que las disidencias reclutan y emplean menores en actividades de guerra, agravando el impacto humanitario.
