Un colombiano, señalado de colaborar, afrontará el proceso en libertad ¿Acaso las autoridades lo consideran menos peligroso?
El caso aún sacude los cimientos del delito transnacional en Colombia. Además, reveló cómo una red criminal aprovechó la vulnerabilidad de mujeres jóvenes para explotarlas sexualmente. Las víctimas, algunas pereiranas, terminaron engañadas con promesas de prosperidad y atrapadas en un infierno lejos de casa.
La investigación de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación destapó una red de trata de personas con conexiones entre Cali, Pereira y Baréin, dedicada a reclutar mujeres colombianas.
El caso, que involucra a tres presuntos responsables, permitió revelar las nuevas rutas del crimen transnacional que operan desde el occidente del país.
De acuerdo con las evidencias, los ciudadanos venezolanos Keila Eddymar Strubinger Pelayo y Wluender Sneylbert Araque Rojas, junto al colombiano Enrique Quijano, contactaban a mujeres en situación económica precaria, ofreciéndoles ayuda para viajar a Emiratos Árabes Unidos.
¿Cuál era la promesa?
Les prometían alojamiento y empleo, pero el destino real era Baréin, donde eran despojadas de sus documentos y sometidas a condiciones de explotación sexual.
Las víctimas, al llegar al país del Golfo Pérsico, encontraban un escenario opuesto al que les habían descrito. Les quitaban los pasaportes, las vigilaban constantemente y las obligaban a “pagar” supuestas deudas de hasta 10.000 dólares mediante la prostitución.
Los seguimientos iniciaron en 2023, cuando una de las víctimas logró comunicarse con su familia desde Baréin y relatar lo ocurrido. La denuncia permitió rastrear las operaciones del grupo, que según la Fiscalía tenía base logística en Cali (Valle del Cauca) y Pereira (Risaralda).
Desde allí se gestionaban tiquetes, visados y contactos internacionales con otros presuntos integrantes de la red.
El operativo de captura se desarrolló a finales de octubre de 2025. Agentes de la Dijín de la Policía Nacional allanaron dos inmuebles en Cali y detuvieron a la pareja de venezolanos.
Paralelamente, un equipo judicial notificó al colombiano Quijano Ramírez en su lugar de residencia. A todos los presentaron ante un juez de control de garantías en Bogotá, donde la Fiscalía les imputó los delitos de trata de personas y concierto para delinquir agravado.
, cargos que ninguno aceptó.
Durante la audiencia, el fiscal del caso argumentó que los extranjeros representaban un alto riesgo de fuga por su posible conexión con redes criminales en otros países. Con base en esas consideraciones, el juez dictó medida de aseguramiento intramural.
Sin embargo, la decisión fue diferente para el colombiano. El juez determinó que Quijano Ramírez debía cumplir detención domiciliaria, pese a las solicitudes de la Fiscalía de enviarlo también a prisión.
Las autoridades establecieron que los tres procesados actuaban coordinadamente y mantenían comunicación constante con personas en Baréin que se encargaban de recibir a las mujeres y controlar sus movimientos.
