El acuerdo, respaldado por el Gobierno y la Gobernación, garantiza presencia institucional.
La decisión, tomada en el marco de un consejo de seguridad liderado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, busca fortalecer la seguridad en la región y proteger a las comunidades indígenas de amenazas externas.
La reunión se llevó a cabo en la vereda Jeguadas del Resguardo Unificado Embera Chamí, sobre el río San Juan. Líderes indígenas recibieron a representantes de la Gobernación de Risaralda, la Policía Nacional, la Octava Brigada del Ejército, la Procuraduría, la Fiscalía y autoridades locales.
Por primera vez en más de veinte años, los Embera Chamí aceptaron que la Fuerza Pública ingrese a su territorio. Lo hicieron bajo el acompañamiento de la guardia indígena, en un esquema que prioriza el respeto a la autonomía y a las tradiciones ancestrales.
El gobernador encargado, Israel Londoño Londoño, destacó que el acuerdo marca un precedente en materia de seguridad y gobernanza en la zona. Anunció inversiones conjuntas con la CARDER y la Fiscalía para regular la minería artesanal, que quedará en manos de la comunidad indígena.
Por su parte, el coronel John Hernando Téllez Ariza, comandante de la Policía de Risaralda, subrayó que la presencia institucional tiene como finalidad fortalecer la seguridad y crear condiciones para mejorar salud, vías y calidad de vida.
Seguridad para las comunidades
El coronel Edward Vicente Martínez Anteliz, comandante de la Octava Brigada del Ejército, aseguró que la estrategia se aplicará de manera coordinada con la comunidad: “Nuestro único fin es el bienestar de todos los ciudadanos”, señaló.
El alcalde de Mistrató, Diego Parra, resaltó la trascendencia del acuerdo para atender las necesidades urgentes de la población. “Este acercamiento garantiza atención integral y protección del territorio. La coordinación con Ejército, Policía y Gobernación permitirá avanzar”, afirmó.
El encuentro interinstitucional constituye el mayor acercamiento con la comunidad Embera Chamí desde que, hace más de veinte años, cerraron sus territorios a la fuerza pública en rechazo a violaciones de derechos y a la falta de garantías para su autonomía.
