Presuntamente, cuatro acueductos son inviables y once presentan niveles de riesgo en calidad del agua.
La Personería Municipal de Pereira encendió las alarmas tras una reunión con habitantes de zonas rurales y autoridades locales, en la que se expuso que miles de familias campesinas están consumiendo agua que no cumple con los estándares de calidad.
El organismo advirtió que la situación podría desencadenar afectaciones graves en la salud de la población si no se adoptan medidas inmediatas.
Los datos más recientes sobre la calidad del agua muestran una situación crítica: de los 53 sistemas de abastecimiento existentes, cuatro quedaron clasificados como inviables en el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA), seis se encuentran en riesgo alto y cinco en riesgo medio.
Esta realidad significa que, a diario, cientos de familias campesinas consumen agua que no cumple con los parámetros exigidos por la normatividad sanitaria, lo que podría comprometer su salud y bienestar.
En la reunión convocada por la Personería de Pereira participaron funcionarios de la Alcaldía, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Rural y representantes comunitarios de las zonas más afectadas.
El objetivo fue establecer compromisos concretos para dar respuesta a la crisis y garantizar el derecho fundamental al agua potable.
Qué dice la personería
La Personería hizo un llamado urgente a la administración municipal para que priorice soluciones inmediatas en las comunidades con mayor riesgo, al tiempo que anunció el inicio de una actuación preventiva para verificar que los compromisos adquiridos se cumplan.
“Nuestro deber es velar por los derechos fundamentales de quienes más lo necesitan. En este caso, el acceso al agua potable es un asunto vital que no puede seguir postergándose”, dijo Sebastián Zuleta, personero delegado para la Vigilancia Administrativa.
La situación de los acueductos rurales de Pereira refleja una problemática de fondo: la necesidad de garantizar sistemas sostenibles, con apoyo técnico y financiero, que permitan a las comunidades rurales acceder a agua segura y de calidad.
Zuleta también confirmó que se evalúa la viabilidad jurídica de instaurar acciones constitucionales en defensa de las comunidades rurales. Además, señaló que se mantendrá la vigilancia para que las autoridades locales cumplan con su deber.
