Otras dos exfuncionarias quedaron libres, pero seguirán vinculadas al proceso judicial por los contratos de 2023.
Carlon Londoño Sánchez, Yolima María Bueno y Jorge Augusto Arias irán a prisión de manera preventiva. La Fiscalía los acusa de encabezar un entramado de corrupción que, presuntamente, les permitió apropiarse de más de $242 millones durante las fiestas aniversarias de Dosquebradas.
La Fiscalía logró convencer a la juez que, dadas las pruebas y el perfil de los procesados, había riesgos procesales que justificaban la medida mientras avanza el juicio.
Durante la diligencia judicial, la juez determinó que Angélica María Raigosa Restrepo, exjefa de prensa de la Alcaldía; y Natalia Trilleras Giraldo, exdirectora operativa; quedarían en libertad, aunque vinculadas a la investigación.
A los cinco implicados los imputaron por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
La investigación de la Fiscalía apunta a que el contrato, firmado en 2022 pero ejecutado en 2023 para las celebraciones de los 50 años de Dosquebradas, lo adjudicaron a una fundación fachada presuntamente utilizada por Londoño para apropiarse de recursos públicos.
Según el ente acusador, el convenio, con un valor superior a los 761 millones de pesos, habría permitido apropiarse de más de 242 millones mediante maniobras como la creación de una falsa pluralidad de oferentes y la aprobación de estudios previos que no cumplían los requisitos legales.
En el escrito de acusación dice que el concejal Carlon Londoño Sánchez habría utilizado su influencia para que el contrato se adjudicara a la Fundación Marchando por Colombia.
Asimismo, se detalla que Bueno, en su calidad de secretaria de Cultura para la época, actuó como ordenadora del gasto; Raigosa estructuró el plan de medios; y Trilleras avaló estudios sin las verificaciones correspondientes.
Arias, habría actuado como representante de la fundación, pero supuestamente también coordinó el direccionamiento del contrato para simular competencia y legalidad.
Hubo apelación
Tras conocer la decisión, los abogados defensores de Londoño, Bueno y Arias apelaron la medida, argumentando que no existen riesgos procesales que justifiquen la detención.
El proceso continuará mientras la Fiscalía consolida las pruebas que, según dijo, evidencian un entramado de corrupción que afectó directamente las finanzas del municipio.
