Denuncian que los extorsionistas operaban desde prisión gracias a la presunta omisión de funcionarios del Inpec.
El grupo delincuencial “Apolo” no sólo imponía su ley en las calles. También gobernaba desde las celdas del penal de Pereira. Internos con largo prontuario extorsionaban impunemente a otros reclusos bajo amenazas de tortura y muerte. La investigación que permitió su desmantelamiento dejó una pregunta en el aire: ¿cómo pudo funcionar esta red criminal dentro de un penal sin que nadie del Inpec se diera cuenta?
La operación liderada por el GAULA de la Policía Risaralda, en coordinación con el GAULA Militar, el CTI y la Fiscalía 5 Especializada, desarticuló a seis integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) “Apolo”.
Tres de ellos ya estaban privados de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana y Máxima Seguridad de Pereira, desde donde, según la investigación, dirigían una estructura de extorsión sistemática.
Los internos amenazaban a otros reclusos para exigir pagos millonarios a cambio de que no los golpearan, torturaran o asesinaran. Las víctimas, en su mayoría reclusos recién llegados o sin respaldo armado, se veían obligadas a pedir ayuda a sus familias, quienes terminaban pagando montos que iban desde $200.000 hasta $3 millones de pesos por “protección”.
El dinero era enviado a través de empresas de giros a nombres ya dispuestos por la estructura, muchos de ellos pertenecientes a personas en libertad que operaban como “recaudadores” externos. En total, se estima que la red recaudó más de 290 millones de pesos por estas actividades ilícitas.
¿Solo internos o algo más profundo?
Aunque la investigación no lo ha confirmado oficialmente, familiares no descartan una línea aún más inquietante: la posible omisión o incluso participación de funcionarios del Inpec en el sostenimiento de esta estructura extorsiva. ¿Cómo ingresaban celulares, cómo se realizaban las coordinaciones desde adentro, cómo era posible que se movieran reclusos para intimidar a otros sin que los guardianes lo impidieran?
Un allegado a un privado de la libertad del centro penitenciario, accedió a hablar con 360 Noticias bajo reserva de su identidad. En su relato fue contundente: “A esto se suman las retaliaciones de funcionarios INPEC (Un Cabo y otros dragoneantes) contra los PPL. El maltrato y las vulneraciones como violentar el libre desarrollo de la personalidad, amenazarlos, tratarlos mal y cogerlos a la fuerza para calviarlos”, dijo.
Capturados con prontuarios graves
De los seis capturados por la estructura “Apolo”, cinco tienen antecedentes por delitos como homicidio, tráfico de armas, concierto para delinquir, hurto, lesiones personales, receptación y porte de estupefacientes. Algunos habían salido de prisión recientemente y volvieron a reincidir, mientras que otros seguían delinquiendo desde sus celdas.
Los operativos para materializar las capturas se llevaron a cabo en Pereira y Tuluá (Valle del Cauca), y otros tres capturados recibieron la notificación de orden judicial directamente en el penal pereirano.
Silencio, miedo y control
La mayoría de las víctimas de esta red nunca se atrevieron a denunciar dentro del penal. El miedo a represalias era absoluto. Sólo cuando algunos familiares acudieron al GAULA y describieron los patrones de chantaje, amenazas y cobros, las autoridades pudieron reconstruir el modo de operación.
Los investigadores descubrieron que la red actuaba bajo una lógica de control interno: identificaban a los reclusos sin apoyo externo, establecían redes de intimidación, y usaban la violencia como mensaje para otros. En varios casos, las golpizas las ordenaban desde adentro, pero las ejecutaban terceros.
