Aseguran que existe una grave omisión institucional frente a los asentamientos subnormales.
El Ministerio Público encendió las alarmas tras visitar la zona afectada por el incendio en Villasantana. El fuego destruyó 17 viviendas y dejó 20 familias en la calle, sin pertenencias ni refugio seguro.
El personero Leonardo Fabio Reales Chacón dijo que desde el municipio se debe frenar el crecimiento de asentamientos en zonas de alto riesgo. Advirtió que esta emergencia era previsible y que el Estado falló en ejercer supervisión y control urbanístico oportuno.
“El incendio de Villasantana pudo evitarse. No es un hecho aislado. El problema es repetitivo y estructural”, afirmó Reales.
Asimismo, confirmó que la Dirección de Gestión del Riesgo (DIGER) atiende a los afectados en la zona y trabaja en el censo y evaluación de ayudas. Sin embargo, “eso no resuelve el fondo del problema”.
Reales indicó que la Personería hará vigilancia para garantizar que las ayudas lleguen a todas las familias afectadas, pero aclaró que estas viviendas estaban en zona de riesgo y que, con los años, el Estado dejó crecer allí una población vulnerable sin intervenir.
Recordó que, según la Corte Constitucional, cuando el Estado tolera estas ocupaciones, se crea confianza legítima en la comunidad. Dijo que las ayudas urgentes son necesarias, pero no pueden sustituir una política clara de control territorial.
“El municipio debe identificar las zonas de riesgo y frenar nuevas ocupaciones ilegales de forma inmediata”, advirtió el personero.
Señaló que cada tragedia representa también un costo económico insostenible para las finanzas públicas. La Personería solicitó al municipio, Planeación, la DIGER y el Concejo que actúen antes de que ocurra otra emergencia similar.
“No se trata sólo de asistir damnificados, sino de evitar que haya más y nuevas emergencias”, concluyó.
