Desde el 1 de julio rige la Ley 2346: Pereira, Apía y Santa Rosa de Cabal ya asumen esta obligación.
La Personería de Pereira confirmó que desde este lunes 1 de julio, inició formalmente de la entrega de alimentos a las personas privadas de la libertad que se encuentran en estaciones de policía y centros transitorios del municipio.
Esta medida se ejecuta en cumplimiento de la Ley 2346 de 2024, que transfiere temporalmente esa responsabilidad a los entes territoriales con capacidad fiscal. El contrato firmado por Pereira supera los $1.600 millones y cubre la alimentación hasta octubre.
Los entes territoriales deben garantizar, de forma transitoria, la alimentación de los privados de la libertad recluidos en estaciones de policía y centros de detención temporal. Este deber antes era del gobierno nacional, a través de la USPEC (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios).
El personero de Pereira, Leonardo Favio Reales Chacón, encabezó la supervisión. En su visita a la Unidad de Prevención para la Vida (UPPV), verificó que la entrega de alimentos ya está en marcha.
“Constatamos que se está garantizando una alimentación continua y con estándares de dignidad, tal como lo exige la nueva ley. Pero también alertamos que la mayoría de municipios no cuenta con los recursos suficientes para sostener esta carga en el tiempo”, señaló Reales Chacón.
El municipio firmó un contrato por más de 1.600 millones de pesos para asegurar esta atención alimentaria hasta el 31 de octubre de 2025.
La Ley 2346 no vino acompañada de una fuente clara de financiación, lo cual generó preocupación en todo el país. La Corte Constitucional, en respuesta, emitió un auto el pasado 19 de junio, mediante el cual ordena que solo los municipios con capacidad fiscal comprobada deben asumir esta nueva función.
En el caso de Risaralda, solo tres municipios están asumiendo formalmente la obligación: Pereira, Apía y Santa Rosa de Cabal.
“Pereira está haciendo el esfuerzo presupuestal. Pero si no hay una fuente de financiación continua, será inviable sostener la atención después del 31 de octubre”, advirtió el personero.
En su pronunciamiento, la Corte previó que una vez concluya esta etapa de transición, la responsabilidad deberá regresar a la USPEC, órgano adscrito al INPEC, que históricamente asumía la alimentación en estos centros no penitenciarios.
