Buscan resolver una historia que, a juicio de los familiares, va más allá del sicariato.
El crimen estremeció a Colombia, aunque tres años todavía no hay justicia. 360 Noticias tuvo acceso al escrito de acusación y habló con una testigo clave del caso. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué evitan mencionar a la Fuerza Pública? ¿Se juzga a los verdaderos responsables? Esto es lo que ocurrió en la sala del tribunal… y lo que aún no se quiere contar.
En la sala del juzgado, el nombre de Lucas Villa volvió a escucharse con fuerza y no como consigna de protesta. Ahora como el centro de un juicio que promete sacudir las estructuras del poder local y revelar las supuestas grietas del sistema judicial colombiano.
El juicio contra los dos capturados por el crimen por fin arrancó. Durante las audiencias del 24 y 25 de junio, realizadas en un juzgado penal del circuito de Pereira, la Fiscalía General de la Nación presentó a sus primeros testigos y comenzó a desplegar el tejido probatorio que sustenta su versión del crimen.
Pero, al mismo tiempo se alzan voces críticas frente al enfoque de la acusación. La interpretación del contexto del hecho y la exclusión de otros posibles responsables. Sidssy Uribe, hermana de Lucas Villa, habló con 360 Noticias y expresó su frustración por cómo se ha conducido el caso.
“Lo que busca la Fiscalía es desvirtuar el hecho dentro del marco del estallido social. Lo quieren mostrar como si fuera un crimen común, como si a Lucas lo hubieran matado por robarle algo en una calle cualquiera”, aseguró.
Durante las dos primeras jornadas, los investigadores relataron los pasos que condujeron a la captura de los dos procesados: John Alexander Mejía Hurtado, alias “Trompas”, y su hermano Jonatan Stiven Mejía Hurtado, alias “Truan”, miembros presuntos del grupo delincuencial ‘ Cordillera’.
Aunque no se les señala como autores materiales, sí como articuladores del homicidio: fueron quienes, según la Fiscalía, planearon y designaron a los sicarios que ejecutaron la orden.
Los fiscales también buscaron demostrar la naturaleza del liderazgo de Lucas: un joven sin afiliación política formal, pero con una capacidad de convocatoria basada en la empatía, la palabra y el ejemplo.
“Mi hermano no era un activista de pancarta. Era un líder natural que construía desde la calle, desde el cuerpo y la palabra”, enfatizó la allegada al líder. Esta caracterización fue clave para rebatir posibles intentos de la defensa de desacreditar la imagen del joven como agitador o violento.
No obstante, la controversia se produjo cuando se abordó el tema de la posible participación de la Fuerza Pública. Para la familia de Lucas, resulta inadmisible que no se haya considerado siquiera como hipótesis investigativa la posible responsabilidad de mandos policiales.
A juicio, de la hermana, especialmente se debería considerar los antecedentes del entonces comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Aníbal Villamizar.
Escrito con puntos ciegos
El documento central del juicio narra una trama criminal que mezcla narcotráfico, control territorial, represalia y asesinato por encargo.
En su relato, el grupo delincuencial ‘Cordillera’ habría decidido ejecutar a Lucas porque sus manifestaciones “pacíficas” sobre el viaducto César Gaviria estaban afectando el negocio del microtráfico.
Según la acusación, “se estaban perdiendo varios millones de pesos diarios” por el bloqueo del puente que conecta a Pereira con Dosquebradas. Allí aparece la figura de Christian Andrés López Valencia, alias “Ñoño”, como líder del grupo y presunto receptor de la orden de matar a Lucas.
La orden habría venido, presuntamente, de un cabecilla superior: alias “Papacho”, también conocido como “Macaco”. Ñoño, según el relato, delegó la operación a Truan y Trompas, quienes habrían elegido al sicario: su hermano Kevin Andrés Mejía, alias “Bekan”.
Las acusaciones son demoledoras, pero también dejan vacíos difíciles de ignorar. El escrito reconoce el contexto del estallido social de 2021, pero no lo articula jurídicamente con el crimen. Lo menciona, pero no lo integra como móvil principal.
Tampoco hace ninguna mención a posibles omisiones o responsabilidades de los organismos del Estado, a pesar de que la Policía tenía presencia cercana al lugar y documentos internos señalaban que su prioridad era “la seguridad de los uniformados”, no la de los manifestantes.
La estructura del relato se enfoca en lo que ocurrió debajo del viaducto: el mundo del microtráfico y la jerarquía criminal de Cordillera, pero no profundiza en la conexión entre el crimen y la presunta represión contra líderes sociales que se vivió durante el paro nacional.
En lo técnico, la imputación incluye homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y cargos relacionados con la participación a un Grupo Delincuencial Organizado (GDO), bajo la Ley 1908 de 2018.
Sin embargo, la forma en que está redactada la acusación hoy la cuestionan defensores de derechos humanos que consideran que se despolitizó el caso. “Se niega su carácter de crimen contra un defensor”, dijo una fuente.
“Lo asesinaron por liderar, por no quedarse callado. Eso no puede juzgarse como un homicidio cualquiera. Si dejamos que se trate como un simple ajuste de cuentas, el país no aprenderá nada y todo volverá a repetirse”, advirtió Sidssy Uribe.
Lo que viene
El juicio continuará en julio y agosto con más testigos, incluidos peritos, investigadores, testigos presenciales y posiblemente víctimas sobrevivientes, como Andrés Felipe Castaño, quien tenía 17 años cuando fue herido.
La expectativa es que el proceso ayude a visibilizar no sólo la verdad jurídica, sino la verdad histórica de lo que pasó esa noche en el viaducto, y quiénes verdaderamente se beneficiaron del silencio forzado de Lucas Villa.
Para quienes siguen creyendo en la memoria de Lucas Villa, el juicio no es solo una batalla legal: es una oportunidad para no dejar morir la imagen de quien soñó con una Colombia justa desde el corazón de sus calles.
