Un familiar de un privado de la libertad de la cárcel la 40 de Pereira reveló detalles de los graves episodios de violación de derechos humanos que, supuestamente, se estarían presentando dentro del centro carcelario.
El informante, que pidió mantener su nombre en el anonimato, dijo que los internos deben pasar por una cadena de abusos, represalias sistemáticas y tratos inhumanos que se han intensificado en los últimos meses.
“Quienes reclaman por sus derechos son castigados con traslados, aislamiento o violencia interna consentida”, dijo en una conversación con 360 Noticias.
En el Pabellón cuatro, los reclusos aseguran que llevan casi tres meses sin recibir visitas ni acceder a los beneficios de redención de pena o salidas de 72 horas.
“Si un interno se queja por la comida o por las condiciones de salud, lo golpean o lo mandan a otro establecimiento lejos de su familia. Esa es la manera de callarlos”, comentó el informante.
Según, en los últimos meses se han registrado enfrentamientos internos, que ha dejado varios heridos con armas blancas, sin que exista atención médica especializada para tratarlos.
“Aquí no hay Unidad de Tratamiento Especial (UTE), así que a los heridos los gasean, los encierran y les hacen curaciones improvisadas en una celda”, afirmó la fuente.
Pese a la grave denuncia, no hay registros oficiales de este tipo de altercados. “Pregunte a cualquier funcionario del INPEC y le dirán que todo está bajo control”.
A la represión se suma otro problema estructural, la alimentación que reciben. Las denuncias señalan que los alimentos están en mal estado, con carnes crudas, papas con gusanos, arroz duro, jugos insípidos y huevos hervidos en agua contaminada.
“A veces la comida viene con olor a alcanfor. La mayoría de veces va directo a la basura”, relatan. Las tiendas internas, conocidas como chazas, no ofrecen opciones nutritivas. “Solo hay Coca-Cola y pan. Ni siquiera se garantiza el acceso a agua potable en todo momento, como ordenan las Reglas Mandela de la ONU”, añadieron.
Según datos de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), el Gobierno ha destinado más de 86.000 millones de pesos para la sostenibilidad carcelaria en 2025, pero las condiciones de alimentación en La 40 no parecen reflejar ninguna inversión real.
“El diario alimentario de cada interno no vale ni 4.000 pesos. Sabemos que los contratos con proveedores están bajo sospecha, pero no hay auditorías reales. La plata no está llegando a quienes debe llegar”, denuncian allegados a los internos.
