El defensor de Derechos Humanos vicepresidente nacional del Consejo de Paz, Jaime Gutiérrez, alertó sobre la presunta financiación de candidatos. Dijo, que la estructura criminal Cordillera habría respaldado económicamente a varios personajes para consolidar su poder en la región.
“En las calles, en las cafeterías, en oficinas, se habla y se rumora sobre la financiación de campañas políticas”, señaló.
Gutiérrez expresó su preocupación por el crecimiento del narcotráfico y el microtráfico en el municipio. También destacó que estos fenómenos no sólo afectan la seguridad, sino que también tienen impacto en la política.
“Alguien que era concejal o concejala no tenía nada no tenía nada y de repente explotan como burbujas y empiezan a circular grandes sumas de dinero, surge la pregunta ¿de dónde sale ese dinero? ¿Cómo lo van a recuperar?”, cuestionó.
El líder social aseguró que Cordillera no sólo influye en la política, sino también en organizaciones comunales y en la administración pública a través de contratistas.
“Los contratistas están filtrados por la banda. Son cuotas de Cordillera y, cuando hay operativos, los primeros en enterarse son ellos”, denunció.
Uno de los puntos más críticos de la intervención fue el señalamiento de la falta de credibilidad en las instituciones del Estado.
“No hay confianza en la Defensoría del Pueblo, en la Personería, en la Secretaría de Gobierno ni en la Policía. No por los jefes de estas entidades, sino por algunos funcionarios que facilitan la actividad criminal“, aseguró Gutiérrez.
Además, denunció que las personas que intentan exponer estos hechos terminan siendo amenazadas. “Los líderes comunales que denuncian son intimidados. Yo mismo he sido víctima de amenazas por poner en evidencia estos problemas”, manifestó.
Gutiérrez también hizo referencia a la existencia de presuntas “casas de pique” en Dosquebradas, donde las bandas criminales castigan a sus propios distribuidores de droga.
“En la Comuna 2 se ha denunciado la existencia de estos sitios, donde hay vejaciones sexuales y castigos físicos para quienes incumplen con las cuotas diarias”, afirmó.
Asimismo, reveló que en zonas rurales como el Alto del Nudo se han encontrado cadáveres cercenados y que la comunidad teme denunciar por posibles represalias.
“Es preocupante que los ciudadanos sepan lo que ocurre y las autoridades no. O, peor aún, que sí lo sepan y no actúen”, indicó.
