El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales ordenó a la Alcaldía de la ciudad dar por terminado, de manera unilateral, el contrato con el Consorcio Movilidad Digital Manizales, responsable de la operación de las cámaras de fotodetección, conocidas como fotomultas.
Según la sentencia, la administración municipal tiene un plazo de seis meses para llevar a cabo la liquidación del contrato y, en un mes, deberá iniciar los trámites administrativos necesarios para solicitar al Concejo de Manizales la autorización para concesionar nuevamente los servicios de tránsito, cumpliendo con todos los requisitos legales.
El fallo también ordena a la Alcaldía garantizar la continuidad en la prestación de trámites ante la autoridad de tránsito, a pesar de la terminación del contrato.
El juez argumentó que la contratación realizada en la administración de Carlos Mario Marín Correa presentó irregularidades que impiden su permanencia.
Aunque la decisión puede ser impugnada, si no se interpone el recurso correspondiente, quedará en firme y la Alcaldía deberá suspender la imposición de comparendos mediante cámaras de fotodetección, hasta que el Concejo determine si autoriza o no una nueva concesión.
